La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará mañana su actividad a la espera de recibir los testimonios del exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro y de Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quienes expondrán sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

Presidido por la oficialista Carolina Gaillard, el grupo parlamentario reanudará así su actividad tras el receso invernal con el objeto de avanzar en la acumulación de pruebas para el enjuiciamiento a los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, y Carlos Rosenkrantz, a quienes se los investiga por «mal desempeño de sus funciones» .

Las causales por las cuales se abrió la investigación es por el fallo dictado a favor del distrito porteño; la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura; la sentencia del 2×1 para beneficiar a un represor y las irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial.

Marcelo D’Alessandro, Horacio Rosatt y Silvio Robles

D’Alessandro y Robles fueron citados para que expongan en la tercera reunión donde se analiza la conducta de los miembros del tribunal en la causa del fallo de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

Además de los mencionados, también fueron invitados para mañana el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, que no asistió a la reunión del 11 de julio y pidió reprogramar su presencia, y a Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP.

Si bien la presencia de D’Alessandro y Robles estaba prevista originalmente para el 4 de julio, los corrimientos del calendario obligaron a que finalmente se postergara para el primer martes de agosto, tras el receso invernal.

Una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires (que habían sido redistribuidos por el Gobierno de Alberto Fernández) benefició al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, tras supuestas negociaciones entre Rosatti y la administración porteña a través de Robles.

Esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno nacional que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para el distrito capitalino.