Una ex concejala de la localidad de Florencia fue condenada a dos años de prisión condicional por amenazar a beneficiarios de planes sociales con eliminarlos de la lista si no entregaban un porcentaje del dinero que percibían.

Se trata de Mirta Noemí Vallejos, de 50 años, a quien le impusieron dos años de prisión condicional, además, fue dispuesta la misma pena para un hombre de 46 años, identificado como Mauro Baudilio Sánchez, quien actuó como recaudador de los pagos ilegítimos. Ambas condenas fueron resueltas por el juez Mauricio Martelossi en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos realizados en los tribunales de Las Toscas.

Una mujer de 50 años, identificada como Mirta Noemí Vallejos, que es exconcejal de la localidad de Florencia (departamento General Obligado) fue condenada por amenazar a beneficiarios de planes sociales y obligarlos a entregarle parte del dinero. Tanto a ella como a Mauro Baudilio Sánchez, un hombre de 46 años que actuó como recaudador de los pagos ilegítimos, se les impusieron penas a dos años de prisión condicional, comunicó Fiscalía.

Las personas a las que perjudicaron estaban en condiciones de vulnerabilidad y se aprovecharon de esa situación

Señalaron fuentes judiciales, las condenas fueron resueltas por el juez Mauricio Martelossi en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de Las Toscas. Por su parte, la investigación estuvo a cargo del fiscal Nicolás Maglier.

Por su parte, el fiscal sostuvo que “durante por lo menos dos años, Vallejos y Sánchez llevaron a cabo su accionar ilícito en perjuicio de 17 personas que eran beneficiarias de diferentes planes sociales otorgados por los gobiernos de la provincia y la nación”.

Maglier contó que “bajo amenaza de eliminarlos de la lista de ciudadanos incluidos en programas sociales, la mujer obligaba a las víctimas a darle un porcentaje del dinero que percibían”. Según lo expuesto, “a medida que aumentaban los refuerzos económicos recibidos, las personas amedrentadas debían entregarle más dinero a la entonces concejal”, aseguró el fiscal.

El funcionario del MPA relató que “en algunas ocasiones, los ciudadanos intimidados le pagaban directamente a Vallejos y, en otras, le enviaban el dinero a través de Sánchez”. Al respecto, enfatizó que “sin la colaboración del hombre de 46 años, la mujer no hubiera podido concretar su conducta ilegal”.

Además, Maglier planteó que “en diferentes oportunidades en las que las personas coaccionadas se negaron a entregar parte de su dinero, la exfuncionaria realizó las comunicaciones necesarias para obstaculizar nuevos cobros en los bancos que las víctimas tenían como referencia”.

El fiscal precisó: “De acuerdo con lo que los propios condenados admitieron, eran conscientes de que las personas a las que perjudicaron estaban en condiciones de vulnerabilidad y se aprovecharon de esa situación”. Y agregó: «Vallejos reconoció su responsabilidad penal como autora de coacciones reiteradas en un número indeterminado de veces; y Sánchez, como partícipe necesario del mismo delito. A su vez, la Defensa aceptó las atribuciones delictivas realizadas por el MPA y el magistrado consideró acreditados los ilícitos endilgados».

En otro orden, el abogado defensor de ambos condenados también manifestó su acuerdo con el monto y el modo de ejecución de las penas impuestas y con la decisión de abreviar los procedimientos del juicio, indicaron las fuentes judiciales.

Por otro lado, todas las víctimas fueron notificadas y manifestaron su conformidad con lo resuelto, señaló el fiscal.