Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

La senadora nacional de Río Negro Silvina García Larraburu presentó un proyecto con la finalidad de convertir en ley al Programa Nacional de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar).

La autora de la iniciativa recordó que el ajuste –30% los fondos– sobre el Progresar fue incluido en el presupuesto 2017, en la propuesta enviada al Congreso el Poder Ejecutivo Nacional.

Entre las consideraciones que formuló la congresista, destacó que “si bien llegó a contar con un millón de beneficiarios en 2015, en julio de 2016, diversas Universidades Nacionales advirtieron la falta de pago a los beneficiarios en tiempo y forma e incluso los recortes de varios beneficios”.

A raíz de estos hechos, Larraburu solicitó informes que fue reiterado en junio de este año.

Según la legisladora: “Esta medida debe estar instituida por ley, ya que mientras los jóvenes universitarios han dejado de percibir la cuota mensual, el gobierno nacional no ha brindado certezas sobre su vigencia”.

La legisladora del Frente Para la Victoria sostuvo que “resulta imperioso garantizar el derecho a la educación de miles de alumnos, sobre todo en este contexto recesivo que vuelve más difícil la continuidad de los estudios”.

De acuerdo a la letra del proyecto, su aprobación garantizaría “nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de acciones integradas que permitan su capacitación e inserción laboral”.

El alcance y la cobertura del Progresar apunta a “una prestación económica destinada a jóvenes entre 18 y 24 años de edad, inclusive residentes en la República Argentina”.

Con el requisito “que los mismos o sus grupos familiares se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal o formal, o sean titulares de una prestación provisional contributiva o pensión no contributiva o monotributistas sociales o trabajadores de temporada con reserva de puesto o trabajadores del Régimen de Casas Particulares”.

También, la legisladora enumeró algunas incompatibilidades para percibir el beneficio, a saber: “Ingresos o rentas como trabajador formal o informal, por prestaciones previsionales contributivas o prestaciones no contributivas, nacionales, provinciales o municipales, por parte del titular y su grupo familiar, e ingresos por planes sociales nacionales, provinciales o municipales para el grupo familiar, cuya suma sea superior al tope establecido en el artículo 2°, además de planes sociales nacionales, provinciales o municipales para el titular”.

El Progresar fue iniciado como política de Estado en 2014, con el objeto de promover la inclusión educativa de jóvenes y bajar la tasa de deserción escolar por carencias económicas.