La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realizará este martes una audiencia testimonial para recabar pruebas en el marco de la investigación por supuesto mal desempeño contra los cuatro jueces de la Corte Suprema, y todo indica que el fiscal Carlos Stornelli, uno de los cuatro citados a declarar, pegará el faltazo. Ocurre que el funcionario judicial informó en la Procuración General de la Nación que dará su testimonio “por escrito”, a pesar de que esto está prohibido por el reglamento de la comisión.
La comparecencia del titular de la fiscalía federal N° 4 de los tribunales federales de Comodoro Py -prevista para este martes a las 13- había sido reclamada y aprobada por la mayoría del Frente de Todos en la comisión de juicio político en el marco del proceso que se le sigue a los cuatro integrantes del máximo tribunal.
La convocatoria fue a los fines de que Stornelli explique los pormenores del dictamen con el que promovió el archivo de la denuncia judicial por las supuestas conversaciones filtradas entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño (actualmente en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro, y el asesor del presidente de la Corte Horacio Rosatti, Silvio Robles.
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La notificación para que Stornelli compareciera al Congreso le llegó el miércoles 1 de marzo y allí se le citó el pasaje del reglamento de la comisión de Juicio Político en el que se aclara que su asistencia no es opcional y que no rige para esta convocatoria la excepción que prevé el Código Procesal Penal para magistrados, a los que se habilita a declarar por escrito o en su lugar de trabajo.
“Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión (de Juicio Político) a testimoniar”, reza el reglamento que se citó en la convocatoria.
En el mismo oficio, se aclaró: “Cuando la Comisión hubiera dispuesto la comparecencia de alguna de estas personas a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas, a los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia”.
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“Los testigos podrán ser citados por medio de la policía, o por carta certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado. Se les advertirá de las sanciones a que se harán pasibles si no obedecen la orden judicial y que serán conducidos por la fuerza pública de no mediar causa justificada”, establece el reglamento.
¿Por qué lo citan a declarar a Stornilli?
Stornelli es el fiscal que, con su dictamen y en plena feria judicial, promovió el archivo de la denuncia presentada por el abogado Gastón Marano (ex asesor del senador nacional de Juntos por el Cambio Ignacio Torres en la comisión bicameral de Inteligencia y defensor de uno de los imputados por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) para que se investiguen los mensajes atribuidos a Robles y D’Alessandro.
De los chats de Telegram filtrados surge que el asesor de Rosatti y el ministro porteño dialogaban sobre temas vinculados a los casos “Coparticipación” y “Consejo de la Magistratura” cuando estos ya estaban bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia.
“No puedo dejar de advertir la existencia de obstáculos legales insalvables que impiden ingresar en un análisis sobre el fondo de los hechos investigados”, sostuvo Stornelli el 12 de enero, cuando promovió el archivo de la denuncia del abogado Marano y otro casi calcada presentada por otro abogado que se había acumulado en el mismo expediente.
“Ello pues, del análisis de ambas denuncias que nos ocupan no se observa la existencia de ningún otro medio o elemento autónomo y autosuficiente distinto de aquellas supuestas comunicaciones que, conforme los alcances del objeto procesal de la citada causa CFP 4/2023, podrían haber sido obtenidas ilegalmente, producto quizás de actividades de inteligencia ilegal”, sostuvo el fiscal, sin proponer medida de prueba alguna ni explicar es que se basaba su hipótesis del espionaje ilegal.
Los reparos que puso Stornelli para solicitar el archivo de aquella denuncia “no los tuvo cuando impulsó la investigación de los Cuadernos, ni cuando denunció la supuesta operación ‘Puf Puf’ (que, decía, tenía por objetivo afectar el caso de los Cuadernos) con desgrabaciones de escuchas que le llegaron, supuestamente, de forma anónima a la puerta de su despacho”, cuestionó un abogado que siguió en detalle los tres casos.
