Debate por la yerba mate: productores, trabajadores y funcionarios expusieron visiones enfrentadas sobre el futuro del INYM
En una audiencia marcada por fuertes cruces y posiciones contrapuestas, representantes de productores, cooperativas, trabajadores, funcionarios e industriales analizaron el impacto de la desregulación impulsada por el DNU 70/2023 sobre la actividad yerbatera. Mientras sectores productivos denunciaron una profunda crisis económica y social, desde la conducción del Instituto Nacional de la Yerba Mate defendieron la liberalización del mercado y descartaron el regreso a los mecanismos de fijación de precios.
- Conclusión en Buenos Aires
- Por Aldo Battisacco
- May 25, 2026
La situación de la cadena yerbatera volvió a quedar en el centro del debate durante una audiencia en la que distintos actores del sector expresaron sus posturas sobre el presente y el futuro de la actividad tras la modificación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) mediante el DNU 70/2023.
Uno de los primeros en tomar la palabra fue Ángel Ozeñuk, referente yerbatero del norte misionero, quien cuestionó la pérdida de herramientas regulatorias del organismo. El productor sostuvo que la ley que dio origen al INYM “no puede ser ignorada” y consideró que cualquier cambio normativo debería surgir de una legislación superadora y no de una reducción de atribuciones.
Para fundamentar el deterioro económico del sector, recordó que en abril de 2023 la hoja verde puesta en secadero se pagaba a 400 pesos, mientras que el litro de gasoil costaba 190 pesos. Según explicó, en aquel momento un productor necesitaba vender apenas dos kilos de hoja verde para adquirir un litro de combustible, mientras que actualmente requiere más de once kilos para cubrir el mismo gasto. Además, afirmó que numerosas empresas crecieron gracias al aporte de los pequeños productores y cuestionó que hoy no acompañen las necesidades del sector primario.
En la misma línea, Manfredo Seifert, gerente de Producción de la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo, comparó la actual desregulación con la implementada en la década de 1990. Recordó que entonces también se promovió la idea de que el mercado podía autorregularse, pero señaló que aquella experiencia desembocó en una de las crisis más profundas de la actividad. A su entender, el escenario actual demuestra nuevamente que el precio no se define únicamente por la oferta y la demanda, sino también por el poder de negociación de los actores más concentrados de la cadena.
Seifert advirtió que las consecuencias no afectan exclusivamente a los productores, sino que impactan sobre toda la economía provincial y en la recaudación del Estado. “La desregulación no generó un mercado más competitivo, sino más concentrado”, resumió.
Seifer: La desregulación no generó un mercado más competitivo, sino más concentrado
Desde el sector laboral, Ana Cubilla, representante del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, alertó sobre la creciente migración de trabajadores hacia Brasil en busca de mejores salarios y condiciones laborales. Según indicó, la situación podría derivar en una falta de mano de obra para la cosecha y otras tareas vinculadas a la actividad. La dirigente también señaló que la crisis trasciende el plano económico y tiene consecuencias sociales que afectan a numerosas familias misioneras.
En contraposición, el presidente del INYM, Rodrigo Correa, defendió la orientación adoptada por el organismo desde su llegada a la conducción hace cinco meses. Aseguró que encontró una estructura sobredimensionada y con escasos mecanismos de control y transparencia. En ese sentido, mencionó un crecimiento significativo de la planta de personal entre 2020 y 2023 y sostuvo que era necesario avanzar en una reorganización institucional.
Correa también cuestionó los sistemas de fijación de precios aplicados históricamente por el Instituto, al considerar que funcionaban como una distorsión del mercado. Según explicó, la liberación de precios contribuyó a una reducción del valor del producto para los consumidores y reafirmó que durante su gestión no se retomarán mecanismos de control o regulación de precios.

Las declaraciones del funcionario fueron refutadas por la productora yerbatera Luisa Fleitas, quien sostuvo que los consumidores no percibieron una baja generalizada en los precios de la yerba mate en góndola. Asimismo, remarcó que los productores tampoco observaron beneficios concretos derivados del ahorro y la reorganización administrativa anunciados por el organismo.
Fleitas reclamó una mayor presencia del Gobierno nacional en el territorio y señaló que las decisiones adoptadas desde Buenos Aires no contemplan las particularidades productivas de Misiones. “Nuestra identidad está ligada a la yerba mate y no es posible reconvertir la actividad de un día para otro”, expresó.
Por su parte, el intendente de Concepción de la Sierra, Hugo Humeniuk, describió un panorama económico complejo en el sur provincial y afirmó que los municipios enfrentan una creciente demanda de asistencia social por parte de trabajadores vinculados a la actividad yerbatera. También destacó que durante los años de funcionamiento pleno del INYM se lograron avances en materia laboral, entre ellos la erradicación del trabajo infantil, y manifestó preocupación por señales de precarización que comienzan a reaparecer.
La visión opuesta fue planteada por Joaquín Comas, presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes, quien defendió el DNU 70/2023 y atribuyó la actual crisis a factores de mercado, particularmente a una situación de sobreoferta. Para el dirigente, los precios responden exclusivamente a las condiciones de oferta y demanda y no a las medidas de desregulación.
Comas también cuestionó el desempeño histórico del INYM, al considerar que durante sus 25 años de existencia acumuló regulaciones que limitaron el desarrollo de la cadena productiva sin lograr avances significativos en la apertura de mercados internacionales.
El intercambio dejó en evidencia las profundas diferencias que atraviesan al sector yerbatero. Mientras productores, cooperativas, trabajadores e intendentes reclaman la recuperación de herramientas regulatorias para equilibrar la cadena y proteger a los actores más vulnerables, desde el Gobierno nacional y sectores industriales sostienen que la liberalización es el camino para mejorar la competitividad y corregir distorsiones históricas del mercado. La discusión sobre el rol del INYM y el impacto del DNU 70/2023

