La jueza Valeria Pérez Casado decretó esta tarde la quiebra de la compañía avícola Cresta Roja, del grupo Rasic, en medio de las negociaciones entre el Gobierno y los trabajadores por los salarios adeudados.
Según trascendió, luego de un largo proceso judicial, la magistrada resolvió la quiebra de la firma y ahora se iniciará un proceso de liquidación de activos.
El objetivo es mantener la actividad de la compañía y los puestos de trabajo, a partir de la venta de la firma.
Existe una fuerte presunción que la política se retiró de la mesa de la contención que muchas veces tuvieron este tipo de conflictos sindicales y judiciales.
Sin los fondos públicos que frenen el engranaje procesal, la justicia comercial no tuvo más opciones que ir por la medida más drástica que tiene el derecho.
Una nueva forma de resolver estos asuntos quedó en manos solo de la justicia y así se va preanunciando una metodología que no da pié a no dejar librado a manos del mercado todo.
Antes de que los dueños de la empresa presentaran una propuesta de salvataje, la titular del Juzgado en lo Comercial número 36, secretaría 18, Valeria Pérez Casado, resolvió dar por terminado el proceso judicial.
La empresa entró en convocatoria de acreedores en julio de 2014 con un pasivo de más de 1.500 millones de pesos y pese a la ayuda oficial no pudo normalizar la producción.
La medida se conoció en el mismo momento en que delegados de la compañía ingresaban al Ministerio de Trabajo para negociar con funcionarios del Gobierno nacional.
Durante la mañana, trabajadores de la avícola que protestaban en la autopista Riccheri fueron reprimidos por efectivos de la Gendarmería para impedir el corte de esa vía de acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza.
Ahora, decretada la quiebra, se iniciará un proceso de liquidación de activos que tendrá como propósito retomar la actividad y resguardar las fuentes de trabajo de la segunda avícola más importante del país.
Legalmente, la quiebra no se dispone en el concurso preventivo sino por un pasivo posconcursal y como consecuencia de la inviabilidad de la compañía.
Además, con el fallo, la magistrada dio intervención al Poder Ejecutivo y por ello deberá resolver la situación del personal y de la firma.
Por eso, ante la falta de compradores, la jueza dispuso la clausura definitiva y ahora se espera que ingrese algún comprador.
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