Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – El Senado aprobó este viernes con 47 votos afirmativos y 21 negativos la designación de Marisa Graham como Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La votación se dio con polémica entre «verdes» y «celestes».
La vicepresidenta Cristina Kirchner le tomó juramento a la flamante funcionaria, que estaba presente en el recinto y así se saldó una deuda de larga data, ya que la figura de la Defensoría fue creada hace 15 años, pero siempre estuvo vacante.
En abril del año pasado, la comisión bicameral de Defensa de los Derechos del Niño, creada en 2017, culminó un riguroso procedimiento de selección que incluyó un concurso de antecedentes y exámenes, y nominó por unanimidad a Graham para el cargo.
El 25 de junio pasado, la Cámara de Diputados aprobó sin objeciones y por unanimidad el pliego en una sesión especial, pero cuando tocó tratarlo al Senado, el sector de los «provida» se opuso a la designación de Graham por enterarse de que la candidata estaba a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y desde entonces quedó trabado.
Tras la jura, Marisa Graham, explicó que su designación «fue un proceso largo, a través de un concurso de oposición y antecedentes, en el que intervino la Bicameral de la Defensoría de la Niña, el Niño y Adolescentes, compuesta por cinco diputados y cinco senadores», y agregó que producto de esta iniciativa fue «designada junto al politólogo Fabian Repetto y el abogado Facundo Hernández como adjuntos».
«La República Argentina tenía una deuda con niñas, niños y adolescentes, estamos en una situación compleja, y en este marco se les debe garantizar los derechos», expresó.
Consultada acerca de que respondía sobre los cuestionamientos que recibió por estar a favor del aborto, contestó, que ella no hacia «las leyes», ni sus colaboradores, «lo que nosotros debemos hacer es cuidar que la ley se cumpla, en particular la 26.061».
Jura como Defensora de Marisa Graham
En torno a la polémica que se generó respecto de que el plazo para la designación estaba vencido, y que por lo tanto el cuerpo no podía tratar el tema, Graham explicó que desde noviembre de 2019, la Comisión Bicameral «prorrogó el plazo a través de una resolución, para que el dictamen que emitió tuviera vigencia y al haber asumido como presidente Alberto Fernández, el tratamiento en el periodo extraordinario hace que el plazo se prorrogue».
En relación al plan de trabajo que llevará adelante la Defensora junto a su equipo, indicó que «como prioridad el plan de trabajo esta enriquecido por el plan de los 15 postulantes que pasaron el examen escrito» y agregó que «la prioridad está centrada en el hambre, y por lo tanto consideramos una buena medida la tarjeta Alimentar».
Preguntada en relación a los efectos negativos de políticas de exclusión que trajo aparejado el neoliberalismo, Graham señaló que «tanto el Indec, como Unicef y la UCA, aportaron que hay mal nutrición en los niños, uno de cada tres lo padece. Esto se aprecia cuando ingresan a la escuela primaria con sobrepeso, no por comer mucho y bien, sino por la ingesta de harinas». «Hay que darle atención a la primera infancia, es vital, es un momento en que el ser humano adquiere como activo ya sea material o simbólico en los primeros años de vida, si no lo hace en esta instancia es muy difícil hacerlo después».
«Niñas y niños deben estar bien alimentados, para encarar el proceso educativo en la escuela, deben tener una vida digna y libre de violencia, como también la vivienda, esto depende de las políticas que se apliquen a los papas y mamas», precisó.
Graham manifestó que «En Argentina existe un sistema de protección integral de derechos muy expandido, con muchos funcionarios y técnicos en niñez, que ponen el cuerpo y mal remunerados, para sostener a niños y adolescentes, que desempeñan su función en los barrios»,
Ante el interrogante de Conclusión de que manera se relacionará con distintos estamentos administrativos y políticos de los Estados provinciales, la flamante Defensora refirió que necesita que «los gobernadores, y las intendencias se hagan carne de las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Y son corresponsales de garantizar sus derechos en cada territorio. La protección de las personas no es un poder delegado de las provincias a la Nación».
Marisa Graham, apuntó que desde su espacio «habrá una actitud de colaboración, segundo, de control y monitoreo y llegada la instancia de recomendación, pero también de acción judicial si la circunstancia lo amerita
Finalmente, otro de los puntos que subrayó como importante, refiere al régimen penal juvenil vigente, al que calificó de «vetusto» ya que proviene de la «época de la dictadura militar, y amerita una reforma» y aclaró que su posición histórica «es no a la baja de la edad de imputabilidad». «Esta probado en el mundo que bajar la edad de los menores para combatir el delito, es una falacia, estadísticas mundiales así lo prueban».
