Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

Luego de que el pasado lunes la fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidiera que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos, diputados de todo el arco político evaluaron la investigación de la causa. Algunos calificaron el caso de “persecución política”, mientras que otros aseguraron que la investigación fue “seria y responsable”.

En diálogo con Conclusión, el diputado del Partido Piquetero (miembro del Frente de Todos), Juan Marino, indicó: “Las declaraciones de Cristina fueron contundentes. Estamos ante un hecho de persecución política, pretenden proscribirla y si lo hacen deja de haber democracia en Argentina. Por eso es muy importante reivindicar el hecho de que ayer, frente a su casa, y hoy, frente al Congreso, ya empezaron a movilizarse miles de vecinos y militantes para dejar en claro que con Cristina no se jode y, si no hay democracia, hay 17 de octubre”.

Y agregó: “Se está violentando completamente el Estado de derecho, el Poder Judicial está tomando atribuciones que no le corresponden. Un Juzgado no puede proscribir a la principal dirigente política de un país, el golpismo judicial en América Latina ya no va más”.

Además, el diputado manifestó que “todos los sectores del Frente de Todos repudiaron la persecución y expresaron su solidaridad con Cristina”. En este sentido, destacó: “Hay sectores que no simpatizan con el Frente de Todos que han dejado en claro que este juicio no va para ningún lado. Miguel Ángel Pichetto, que fue el candidato a vicepresidente de Macri, piensa que no hay pruebas para sustentar la acusación, lo mismo Carlos Pagni, periodista de La Nación. No se están basando en ninguna prueba para atacarla a ella, al contrario; estos jueces y fiscales son los mismos que jugaban al fútbol en la quinta de Macri, por lo tanto acá hay una clara animosidad direccionada contra Cristina que tenemos que rechazar”.

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Por su parte, el diputado nacional por la Unión Cívica Radial (UCR), Miguel Bazze, dijo a este medio: “Es una cuestión que corresponde a la Justicia, no tengo que opinar yo sobre cuántos años tenía que pedir el fiscal. De observar el proceso me da la sensación de que se ha trabajado con mucha seriedad y responsabilidad, el fiscal efectivamente ha expuesto argumentos que demuestran ese trabajo, pero es algo que tiene que definir la Justicia y no corresponde que nosotros opinemos sobre el tema”.

Y completó: “Me parece que la vicepresidenta intenta imprimirle una duda al proceso judicial, y en realidad esto es una demostración de que no puede probar su inocencia y honestidad en estos hechos de corrupción. Tratar de desnaturalizar el proceso judicial es un grave error que no corresponde que se haga y me parece que además es grave desde el punto de vista institucional”.

Asimismo, Bazze cuestionó la postura del presidente Alberto Fernández y de ciertos funcionarios del Gobierno al respecto, y señaló que algunos diputados impulsarán iniciativas para que el mandatario sea juzgado políticamente.

“Yo no he participado de estas iniciativas –agregó el diputado– pero a estas cuestiones las vamos a discutir en el bloque. Sí me parece que tiene una gravedad institucional importante porque es poner en duda el funcionamiento de la Justicia, y eso no nos conviene a los argentinos, que necesitamos que las instituciones funcionen correctamente, como así también garantizar la absoluta independencia de la Justicia respecto del poder político”.

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Finalmente, y en relación a las fotos de los jueces que participan en esta causa jugando un partido de fútbol en la quinta del ex presidente Mauricio Macri, Bazze observó: “Son cuestiones muy menores. Me da la impresión de que una foto no representa absolutamente nada, con ese criterio se podría acusar injustamente a otras personas y funcionarios. Creo que hay un proceso judicial que es serio, que ha tenido la participación de muchos testimonios y en el que se ha trabajado mucho. Esto se tiene que discutir en el seno judicial, y la política tiene que intentar no presionar sobre la Justicia y la vicepresidenta deberá tratar de demostrar su inocencia”.

A su turno, el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, dijo ante Conclusión que el fiscal Diego Luciani “hace tres años que está en el juicio y durante nueve días no fue capaz de decir más o menos coordinadamente las pruebas de cargo contra la vicepresidenta y contra el resto de los imputados”.

Asimismo, destacó que Cristina Fernández, a través de una transmisión de una hora y media en sus redes sociales, dio “todas las pruebas que en tres años no encontró o no quiso encontrar el fiscal”.

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“Esto visibiliza lo que ha sido este juicio, un fiscal que manipuló las pruebas, que direccionó la investigación, un tribunal que fue cómplice de todo y que ahora se da el lujo de impedirle la palabra en una cuestión que técnicamente tiene razón la defensa de Cristina. Cuando se incorporan pruebas nuevas al final del juico que no han sido tratadas en el debate, las defensas tienen el derecho de argumentar sobre eso”, agregó Tailhade.

Y, tras asegurar que el alegato del fiscal Luciani es “un atentado a la democracia”, apuntó: “No es una opción para la democracia argentina que Cristina sea condenada. Hay que poner las cosas arriba de la mesa y evitar por cualquier medio político la condena, que ya está escrita en el Tribunal Oral. Pero tenemos que enfocar bien es las instancias superiores, como la Cámara de Casación y la Corte Suprema, donde se va a definir la condena”.

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Finalmente, el diputado del PRO, Francisco Sánchez, detalló a Conclusión: “El año pasado presentamos un proyecto de ley para que los delitos de corrupción sean declarados actos de traición a la patria. Hasta ahora no tuvo avance legislativo, pero nosotros creemos firmemente en la iniciativa”.

Y cerró: “Las personas que son elegidas para determinados cargos y usan el crédito que les dieron los argentinos para enriquecerse personalmente, comenten un acto de traición a la patria que, como tal, tiene que ser juzgado. El proyecto que presentamos establece penas durísimas, delitos imprescriptibles con cadena perpetua. La corrupción mata gente en forma indirecta, y alguien tiene que pagar por eso”.