MARTES, 17 DE NOV.

Diputados avanza en un proyecto para sostener al sistema de salud privado ante una crisis prolongada

Un plenario de comisiones comenzó a tratar una propuesta que busca darle previsibilidad financiera al sistema privado de salud. El proyecto incluye una moratoria de hasta 180 cuotas, recupero de IVA, un relevamiento de la deuda del PAMI y una cuenta sanatorial inembargable para insumos.

La Cámara de Diputados inició este martes el tratamiento de un proyecto para fortalecer el sistema de salud privado, en el marco de un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa es impulsada por el diputado salteño Bernardo Biella y apunta a darle sostenibilidad financiera y mayor previsibilidad a clínicas, sanatorios y obras sociales.

Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Manuel Quintar, sostuvo que “el sistema de salud privado está atravesando una permanente crisis hace más de 25 años” y destacó que el oficialismo busca “atacar los problemas de raíz y buscar soluciones que perduren en el tiempo”.

También señaló que el proyecto cuenta con “amplio consenso” y remarcó la importancia del sector, que “tiene alrededor de 1 millón de puestos de trabajo en forma directa”.

Biella, en su carácter de médico, defendió la iniciativa al afirmar: “Desde la pandemia y, poco antes, la salud ha sido lo que nos ha brindado poder hacer cualquier tipo de actividad. Con la pandemia aprendimos que sin salud no tenemos nada”. Luego advirtió que el sistema privado maneja “más del 50% de los ciudadanos en lo que respecta internación y asistencia” y que la inflación en salud “ocurre en dólares”, lo que desfinancia a clínicas y sanatorios.

El salteño explicó que el proyecto se basa en cuatro ejes: “una moratoria hasta 180 cuotas, un recupero de IVA, la deuda del PAMI y cuenta esencial sanatorial”, que definió como “inembargable para pagar los insumos”. Según dijo, la propuesta busca que el sistema tenga estabilidad y previsibilidad, y que los prestadores puedan sostener su actividad sin emergencias permanentes.

“Este proyecto busca el equilibrio fiscal al mediano plazo”, planteó Biella, al sostener que la regularización de aportes y deudas podría mejorar la situación del sector. Además, afirmó que “los que pagan al día tendrán exenciones impositivas entre el 25% al 50% de ganancias”.

“Este proyecto busca el equilibrio fiscal al mediano plazo, ya que gracias a la regularización de los aportes de clínicas y sanatorios este equilibrio pueda mejorar con los aportes de las instituciones privadas. Los que pagan al día tendrán exenciones impositivas entre el 25% al 50% de ganancias. Todo esto beneficiaría a los pacientes, la idea de mantener un sistema de salud privado de pie que pague sus impuestos y tenga estabilidad y previsibilidad es teniendo un sistema autosustentable sin emergencias”, explayó.

“El sistema de salud privado maneja más del 50% de los ciudadanos en lo que respecta internación y asistencia con más de 1.900 instituciones. Hace 21 años, con esa debacle económica que hubo, las obras sociales se declararon en quiera y los prestadores sufrieron el embate y se declaró una emergencia económica que tiene más de 25 años., pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto sin tener previsibilidad en las instituciones de salud privada?”, planteó el salteño.

Biella señaló que la inflación en salud “ocurre en dólares lo que desfinancia aún más las clínicas y sanatorios”. Así, indicó que existen casi 300 obras sociales y que “el eslabón más débil de la cadena es el sistema privado de salud. Las instituciones sanatoriales pasan a ser financiadores del sistema de salud, pero a pérdida porque hasta que pagan la inflación se come el costo”.

La diputada María Gabriela Flores, cofirmante del proyecto, aseguró que “el sector privado de la salud es indispensable para nuestro país” y pidió darle “el lugar que se merece” para que continúe invirtiendo, investigando y mejorando la calidad de la atención.

Durante la reunión también expusieron representantes de cámaras y entidades del sector, quienes alertaron sobre un problema estructural, la pérdida de establecimientos y la falta de un tratamiento tributario acorde a la importancia de la actividad. Todos coincidieron en que la iniciativa es un paso para aliviar una crisis que lleva años sin resolución.

En representación de la Confederación Argentina de Prestadores de Salud (CAPS), José Sánchez Cabezas, expresó que durante más de un siglo la Argentina construyó un sistema de salud que fue “referencia” para toda América Latina. En esa línea, indicó que “la salud argentina no se divide entre públicos y privados cuando llega el momento de atender un paciente, y tampoco debe dividirse cuando llega el momento de defenderla”.

Al respecto, advirtió que “estamos ante un problema estructural”, y comentó que en los últimos 20 años se perdieron más del 30% de los establecimientos privados de salud, al tiempo que la medicina avanzó de forma extraordinaria, pero “significa que cuidar la salud es más complejo y costoso. Cada vez tenemos más dificultades para mantener las instituciones porque los ingresos de los prestadores no acompañan esa evolución”.

“La salud es un servicio esencial; sin embargo, no recibimos un tratamiento tributario acorde a esa condición. Es un desequilibrio estructural. Hace más de 20 años que la Argentina reconoce que su sistema prestador de salud está en emergencia»,

Además, cuestionó y detalló: “Distintos gobiernos y distintas composiciones de este mismo Congreso fueron prorrogando esta situación. No es responsabilidad de un partido político, es una deuda institucional que acumulamos como país. La emergencia permitió evitar consecuencias inmediatas, pero no resolvió las causas, y mientras las prorrogábamos seguíamos perdiendo instituciones, profesionales e infraestructura sanitaria. Prorrogar una emergencia puede ser necesario, pero no puede convertirse en una política de estado”.

Al cierre del encuentro, los legisladores acordaron designar al diputado Pablo Juliano para ocupar la vicepresidencia segunda de la comisión de Acción Social y Salud Pública.

 

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