En el primer día de gestión al frente del Banco Central, Federico Sturzenegger protagonizó una fricción con las entidades financieras, al proponer un recorte de pagos por los contratos de dólar futuro, planteo rechazado por los bancos que hasta hablaron de un «default» si se concreta.

Sturzenegger, quien tomó el mando del Central tras la renuncia de Alejandro Vanoli, aunque aun no es formalmente el Presidente, se reunió con las cámaras de entidades financieras y con los representantes del Mercado Abierto Electrónico (MAE), para intentar desactivar la presión que podría generar las operaciones con el dólar futuro.

La intención es que quienes compraron dólares a marzo de 2016 a un precio de $10,60 cuando en Nueva York se pagaba $15 por el mismo contrato, se hagan cargo de la diferencia de $4,4, que debería cubrir el Central.

De lo contrario, la autoridad monetaria debería enfrentar pagos por un total de 70 mil millones de pesos, para lo cual debería emitir y aumentar la presión inflacionaria.

La idea tuvo una réplica inmediata en los activos argentinos: los ADRs de empresas locales en Wall Street llegaron a perder hasta 9,5% y en la Bolsa porteña, los papeles líderes promediaron bajas del 2,5%.

Ante los bancos, Sturzenegger deslizó la idea de no reconocer la diferencia cambiaria que podría producirse ante una profunda devaluación del peso.

Esos contratos, que derivaron en denuncias penales de legisladores vinculados al frente Cambiemos, a partir de operaciones contraídas durante la gestión de Vanoli con el propósito de evitar una escalada del tipo de cambio.

En el mercado de futuros del dólar, se celebran contratos por los cuales un vendedor, el Central en este caso, promete entregar en una fecha prefijada una cantidad de divisas a un precio preestablecido.

Esos contratos se celebran en pesos al tipo de cambio oficial, por lo que si se ajusta la paridad cambiaria, el Central tiene que emitir moneda para pagarlos.

«Que complicado el tema de los futuros de Rofex. Pagarlos da bronca y sale caro. No pagarlos es romper contratos y afectar seguridad jurídica», indicó en su cuenta de twitter el economista Miguel Kiguel, director de la consultora Econviews y especialista de consulta permanente en el sistema financiero.

De acuerdo con los trascendidos, la propuesta es establecer una línea de tiempo y a partir de determinada fecha revisar los contratos, por considerarlos «viciados».

Según fuentes del mercado financiero, los bancos sólo habrían realizado un 5% de este tipo de operaciones para contratos propios, ya que el resto lo hicieron por cuenta de terceros.

Entre esos adquirentes se encuentran grandes cerealeras, automotrices, laboratorios, quienes salieron a cubrirse de una devaluación.

En los bancos estiman que si finalmente prospera esta postura se incurriría prácticamente en un incumplimiento de contratos o default, con posibles juicios y que tendría incidencia en operaciones de las letras que emite el Central.