El Gobierno concretó un salvataje financiero a las obras sociales sindicales que incluirá, además, un decreto que limitará los traspasos entre las prestadores. El acuerdo, cuyo objeto es sanear el déficit generado por la pandemia, se cerró en el almuerzo que el pasado 6 de mayo compartió Alberto Fernández con la cúpula de la Confederación General del Trabajo  y fue refrendado la semana pasada por el flamante superintendente de Salud, Daniel López.

De acuerdo a lo surgido del encuentro entre López y José Luis Lingeri, titular de Obras Sanitarias y uno de los principales responsables de la central sindical, tanto el salvataje financiero como el «cepo» a los traspasos son medidas que ya están en letra escrita y se encuentran en el proceso de revisión previo a la publicación en el Boletín Oficial.

Los jefes sindicales esperan que este acuerdo logre saldar el quebranto registrado a consecuencia de la crisis del coronavirus, en el sistema de seguridad social que brinda cobertura a unos 15 millones de personas.

El recientemente nombrado superintende de Sevicios de Salud, tras el fallecimiento de Eugenio Zanarini, confirmó que el salvataje a las obras sociales se concretará mediante un aporte extraordinario del Tesoro Nacional y no con recursos propios de las prestadoras gremiales, que es la modalidad que se venía sosteniendo hasta ahora y desde que se declaró la pandemia.

Los recursos estatales irán a parar al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el principal instrumento financiero que maneja la SSS y que signa el vínculo entre los gobiernos y la CGT. El FSR tiene como objetivo el reembolso de las prestaciones de salud y medicamentos de más alto costo y complejidad.

Ese aporte será la herramienta de ayuda financiera que destinará el Ejecutivo a las obras sociales y reemplazará la otra opción que discutían los funcionarios con la CGT, consistente en la absorción por parte del Estado de los costos por servicios educativos y de transporte a los afiliados discapacitados. Por esos ítems las prestadoras de los gremios calculan gastar este año unos 20 mil millones de pesos y, si bien se trata de servicios que debe reintegrar el FSR, la CGT alega que se trata de rubros que no son de la incumbencia de sus obras sociales sino del Estado.

Pero, el dato sobresaliente del convenio acordado, es el cierre de los traspasos entre obras sociales. El decreto que firmará el presidente Alberto Fernández obligará a los trabajadores a permanecer un año en su obra social de origen al iniciar un contrato laboral, limitando así la libre opción entre prestadoras, desde que comienza el vínculo laboral y que es un formato que rige desde la desregulación de la década de 1990, fomentada por el entonces presidente Carlos Menem.

Dicha desregulación modificó el sistema y promovió alianzas entre sistemas prepagos y obras sociales de menor envergadura, que terminaron actuando como meros promotores para inscribir a trabajadores que pasan a formar parte de las nóminas de los prestadores privados.

El resultado de esa medida es que las prepagas terminan captando a los afiliados más jóvenes y con mejores salarios y dejan a las obras sociales tradicionales a los jubilados de sus actividades y los trabajadores con dolencias preexistentes. Y los datos existenten le dan la razón al reclamo histórico de la CGT en relación a este tema: ya que la mayor parte de los movimientos registrados en la Superintendencia de Salud benefician a las empresas de medicina privada asociadas a sellos sindicales más chicos. La retención de los afiliados por un año en sus obras sociales de origen apunta a garantizar la cotización de sus aportes durante ese período y a desalentar la sangría constante de recursos.

La otra medida deberá ser instrumentada por el Ministerio de Economía vía resolución o decisión administrativa. Será un aporte extraordinario del Tesoro nacional a favor de las obras sociales sindicales por alrededor de $11.400 millones, el monto en el que fue proyectado el incremento del gasto en prestaciones por discapacidad entre noviembre del año pasado y fin de 2021. Los recursos estatales irán a parar al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el principal instrumento financiero que maneja la SSS y que signa el vínculo entre los gobiernos y la CGT. El FSR tiene como objetivo el reembolso de las prestaciones de salud y medicamentos de más alto costo y complejidad.

El combo de salvataje había sido comprometido por Alberto Fernández en el almuerzo que le ofreció a la “mesa chica” de la CGT en Olivos el 6 de mayo. Allí acudieron los dos secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto a Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (metalúrgicos, UOM), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), Lingeri, Sergio Romero (docentes, UDA), Jorge Sola (trabajadores del seguro) y Roberto Fernández (colectiveros, UTA). Con el mandatario estuvieron su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Trabajo, Claudio Moroni, los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y de la Presidencia, Julio Vitobello, y la asesora Cecilia Nicolini, entre otros.