El Senado de Santa Fe le dio media sanción al proyecto de adhesión a la ley nacional que regula la actividad de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (24.557).

Era un reclamo del presidente Mauricio Macri desde hace tiempo (calificó como “una vergüenza” la “demora” de Santa Fe, por ser la última provincia “grande” en hacerlo), y por su parte el gobernador Miguel Lifschitz había enviado un mensaje a la Cámara alta pidiendo el avance de la normativa, que estipula una instancia anterior al juicio laboral en términos de “conciliación”, entre otras cosas, y es muy cuestionada por gremios y abogados laboralistas del territorio provincial.

La iniciativa fue votada este jueves, en la última sesión previa al receso invernal, y fueron los senadores Miguel Cappiello (Rosario- PS) y Alcides Calvo (Castellanos- PJ) quienes defendieron el texto que se aprobó por unanimidad. Ahora resta el tratamiento en la Cámara de Diputados, que llegado el caso sería recién luego del parate de tres semanas en la Legislatura.

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Ambos resaltaron que los fines de la regulación son bajar el nivel de litigiosidad y beneficiar a los trabajadores que no deberán viajar a Rosario para entrevistarse con la comisión médica, ya que se crearán al menos una por cada circunscripción judicial (dos en la ciudad), y que serán las encargadas de avalar o no el reclamo laboral.

Críticas

Ese punto y otros, fueron altamente cuestionados tanto por entidades gremiales como por abogados laboralistas, ya que señalan que consideran que la aplicación terminará por ser lesiva, en términos de acceso a la justicia y derechos, para los trabajadores.

“En el proyecto oficial, que envió el gobernador, se pretende buscar una adhesión condicionada a ciertos derechos que se reservaría la provincia, pero resulta que eso es imposible de que se concrete porque la provincia no puede poner miembros en las comisiones medicas, son nacionales”, explicó a Conclusión Jorge Elizondo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario.

La cuestión de las comisiones médicas fue desde el inicio una de las más conflictivas del proyecto. Sólo existía una, en Rosario, lo que obligaba a un trabajador de cualquier lugar de la provincia a trasladarse. Además, la ley exigiría como obligatorio el paso por esas comisiones, sin lo cual no se podría acceder a la Justicia.

Respecto a las comisiones, Elizondo explicó: “Las integran médicos designados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (que depende del Poder Ejecutivo). Cuestionamos que no son funcionarios del estado, son contratados, y los sueldos los pagan las propias ART, en parte. No creemos en la imparcialidad de un tribunal administrativo que no esta integrado por funcionarios estatales, no tiene estabilidad y está condicionado”.

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“Se han creado nuevas comisiones, ahora sólo tenemos la de Rosario. Ahora se crean en Reconquista, en Santa Fe, y algunas delegaciones, como Venado Tuerto. No estamos en contra de los tribunales administrativos. Nosotros cuestionamos la comisión en sí, porque se pretende obligar al trabajador a que transite por eso antes de ir a la justicia, lo priva de ese derecho, tiene que ir si o si a las comisiones medicas”, agregó el letrado.

Además, Elizondo consideró que si la provincia adhiere a la ley, estaría “violando el sistema federal de gobierno, delegando poderes que no puede delegar”.

“Es la provincia la que organiza la Justicia. Hay temas comunes que no son federales, como los accidentes de trabajo, no puede delegar en la Nación eso. Las provincias no pueden adherir por organización federal del estado nacional, están violando el pacto federal, solamente podrían hacerlo si se reformara la Constitución”, precisó.