Cuando termine este 2016, unos 120 mil nuevos juicios laborales se sumarán contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), las cuales denuncian el «crecimiento de la judicialidad» a niveles récord.
La conflictividad se agrava por la falta de unificación de criterios de parte de los jueces para la fijación de las indemnizaciones para los casos de accidentes de trabajo o enfermedades relacionadas con la actividad laboral, consignan especialistas del sector.
La UIA y otras centrales empresariales vienen advirtiendo sobre este problema, que afecta al costo de las empresas que deben contratar los seguros.
Las empresas advierten que alrededor de un 60% de las comisiones que se pagan se destinan a afrontar juicios en vez de aplicarla a los servicios de medicina del trabajo.
En su reporte, la UART dijo que «este crecimiento en la judicialidad no se corresponde con la baja de la accidentabilidad, ni con la baja en los fallecimientos, ni con las mejoras en las prestaciones y nuevos beneficios que el sistema fue incorporando a través de los años».
El informe señala que «en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Chubut se están comenzando a aplicar los criterios nacionales a partir de un fallo de la Corte Suprema que fijó jurisprudencia en junio de este año».
Y alerta que como «los conflictos planteados por un accidente se resuelven en el fuero laboral, cuya jurisdicción corresponde a la Justicia de cada provincia, los jueces no aplican los criterios de valuación fijados por la Ley, que es federal».
El Gobierno viene analizando el tema y podría impulsar una reforma reforma que establezca al sistema de ART como un servicio ¡social, equivalente al jubilatorio, para que los conflictos se diriman en juzgados federales.
