JUEVES, 08 DE OCT.

Granja Tres Arroyos ratificó 1.250 despidos: fracasó la conciliación y la Justicia frena sus activos por deudas de USD 350 millones

Tras finalizar la conciliación obligatoria sin acuerdo en el Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa avícola dejó firmes las cesantías en sus plantas de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar. La firma enfrenta un concurso de acreedores millonario, medidas cautelares por depósitos en el exterior y el reclamo operario por cuatro meses de salarios impagos.

 

La crisis en la mayor empresa avícola del país sumó un capítulo determinante luego de que concluyera sin acuerdo la última audiencia en el marco de la conciliación obligatoria llevada adelante en la sede del Ministerio de Trabajo de La Plata. Ante la falta de entendimiento con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), la representación patronal ratificó en forma definitiva la desvinculación de 1.250 operarios en tres plantas de la provincia de Buenos Aires.

Según el relevamiento de la cartera laboral bonaerense, los despidos masivos abarcan a 700 trabajadores en la planta de Capitán Sarmiento, 500 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar. Durante las audiencias, el apoderado de la firma, Walter Carrizo, argumentó que las bajas respondieron a la necesidad de adecuar la estructura a la actividad disponible para sostener la continuidad de la explotación.

Asimismo, la conducción de la empresa rechazó las denuncias de vaciamiento formuladas por las representaciones gremiales y justificó sus dificultades financieras en un pasivo estimado en USD 350,9 millones, por el cual tramita la apertura de su concurso de acreedores.

 

En paralelo al frente laboral, la causa comercial derivó en duras resoluciones cautelares. El Juzgado Comercial N° 21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda, dispuso la indisponibilidad de USD 13,5 millones depositados por la avícola en el Banco de Comercio para resguardar el patrimonio de la masa de acreedores y operarios. Además, el magistrado solicitó a la firma que justifique el destino y disponibilidad de otros USD 16 millones detectados en el Eurobanco, cuestionando cómo se compatibiliza dicha liquidez con la imposibilidad manifestada para afrontar las obligaciones laborales corrientes.

A estas decisiones se sumó la resolución del Juzgado Comercial N° 24, que dictó la inhibición general de bienes y un embargo por $605 millones tras una ejecución promovida por el Banco Credicoop por saldos adeudados.

 

Sueldos impagos, ofertas en especie e incertidumbre indemnizatoria

La situación social de los trabajadores es crítica, acumulando el reclamo por el cobro prioritario de cuatro meses de salarios atrasados y el aguinaldo adeudado.

En semanas previas, la firma llegó a proponer la cancelación parcial de las deudas salariales mediante la entrega de pollos, una propuesta fuertemente cuestionada. Dicha alternativa colisiona con el marco legal, dado que el artículo 107 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece un tope máximo del 20% de la remuneración para cualquier modalidad de pago en especie.

Por otra parte, la efectivización de las indemnizaciones —que se liquidarán bajo la figura del artículo 247 de la LCT— permanece en suspenso a la espera de que la Cámara Comercial resuelva el conflicto de competencia judicial entre los juzgados N° 1 y N° 21 para la posterior designación del síndico que administrará los créditos concursales.

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