La senadora nacional, María de los Ángeles Sacnun, de Santa Fe, criticó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su actitud frente a la deuda externa generada por la administración Macri y el Fondo Monetario Internacional.
Sacnun, señaló que “la Corte Suprema de Justicia tiene la causa Codiani, que incluimos en su momento en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, donde la coordinadora de Abogados de Interés Público, solicitó a ese tribunal que incorpore la participación de amigos del tribunal llamando a audiencias públicas, y hasta el momento nunca hubo respuestas, ni siquiera para la bicameral mencionada cuando solicitó informes sobre esa causa directamente vinculada al endeudamiento con el FMI”, afirmó la parlamentaria.
Se trató de una solicitud para que la Corte Suprema intervenga en la causa por la legalidad del acuerdo con el FMI. A mediados de octubre de 2019, Eduardo Codianni exigió al Gobierno de Macri que entregue toda la documentación existente vinculada al crédito de u$s57.100 millones.
Sin embargo, en esa oportunidad, el ministerio Hacienda aseguró que ya había entregado todo. De allí que se le pidió a la Corte que convoque a audiencias y habilite amicus curiae. Esto no ocurrió. No obstante, el 30 de septiembre de 2019 los abogados de la cartera económica presentaron ante la Cámara de Apelaciones un Recurso Extraordinario Federal con dos pedidos concretos a la Corte:
En primer lugar que se revoque el fallo que ordenó al Poder Ejecutivo informar y entregar copia de toda documentación sobre el acuerdo y además que se rechace el amparo de Codianni, declarando que el Estado ya “ha cumplido con el deber de entregar la información pública”.
Para Codianni, el caso posee una “trascendencia institucional, social, económica y política”, que amerita conocer con precisión el “procedimiento”, las “condiciones legales”, la “causa” y los “motivos” del mega endeudamiento.
La senador de Santa Fe, expresó en su intervención en el Senado que los tres poderes del Estado tienen la obligación “de que los derechos garantizados en la Constitución Nacional sean operativos y la única manera de respetarlos es que tengamos un Poder Judicial independiente, no solamente del poder político como claramente debe serlo, sino también independiente del poder económico y mediático, entre otros”.
