La información se conoció luego de que la Aduana anunciara que el juez federal de Rosario, Carlos Alberto Vera Barros, rechazó un pedido de amparo presentado por una empresa exportadora en contra de la suspensión de su inscripción en el registro de exportadores, por no haber liquidado dólares en los plazos establecidos. «Para aprovechar la brecha, muchos exportadores no liquidan las divisas ante el Banco Central y lo dejan en el exterior o lo determinarán al tipo de cambio de contado con liquidación», advirtió la Aduana.
El organismo también destacó en un informe que, cuando se trata de operaciones entre empresas vinculadas, algunos operadores no liquidan en los plazos previstos por las normas o lo ingresan al país a través del mercado financiero.
Los plazos para liquidar las divisas van de los 15 días, en el caso de la soja desde el permiso de embarque, hasta 180 días, en economías regionales. Hay casos de 365 días, pero siempre con un máximo de 60 para operaciones entre empresas vinculadas.
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«Para aprovechar la brecha, muchos exportadores no liquidan las divisas ante el BCRA y lo dejan en el exterior o lo convierten al tipo de cambio de contado con liquidación», indicó la Aduana.
En ese contexto, el organismo dictó la Instrucción General 07/2022 en la que establece pautas a seguir en aquellos casos en que los Exportadores no efectúen el ingreso oportuno de divisas. Allí, se determina que el agente a cargo del registro intimará al exportador para que, dentro del plazo de 10 días, proceda a liquidar las divisas correspondientes o a garantizar su ingreso mediante seguro de caución o, de no cumplirse con estos requisitos, la suspensión como Exportador del Registro de Aduana.
Frente a esos controles, la empresa entrerriana El Cerco, presentó una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la medida. La empresa señaló que no recibió por parte del BCRA «intimación de ninguna índole respecto al ingreso de divisas».
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Sin embargo y avalando la posición de la Aduana, el Juzgado Federal N°1 de Rosario decidió no hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la empresa, respaldando la posición oficial.
Según la información oficial, estas son las empresas involucradas y los montos que hasta el momento no liquidaron al Banco Central:
— Díaz & Forti: US$ 692,5 millones.
— Vicentin: US$ 89,5 millones.
— ACB Alimentos Coronel Baigorria: US$ 76,9 millones.
— Extrugreen: US$ 70,9 millones.
— Tecnologías Galileo: US$ 57,7 millones.
— Grupo TBA: US$ 51,0 millones.
— ART Logística: US$ 45,1 millones.
— Pesquera Mar Chiquita: US$ 39,3 millones.
— Huachana: US$ 37,6 millones.
— FGF Trapani: US$ 37,5 millones.
— Curtiembre Arlei: US$ 37,5 millones.
— Tiempo Argentino: US$ 37,0 millones.
— P&P Expo Impo: US$ 28,8 millones.
— Clodomira Industrial: US$ 26,4 millones.
— Refinería de Grasas Sudamericana: US$ 24,9 millones.
— Pesquera Tolmar: US$ 24,4 millones.
— Frigorífico HVSA: US$ 19,6 millones.
— Fénix Internacional: US$ 19,5 millones.
— Centro Electro: US$ 19,4 millones.
— S&F Global Serv: US$ 19,0 millones.
— Agroskita: US$ 18,7 millones.
— Marfepa: US$ 18,6 millones.
— AMT Sud: US$ 18,3 millones.
— Frigorífico General Pico: US$ 18,1.
— Pescado de Calidad Mundial: US$ 15,9 millones.
