El pasado jueves por la noche, el ministro de Hacienda de la Nación y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunciaron oficialmente el cierre de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las que han dado como resultado un acuerdo de préstamo tipo “Stand By” por 50.000 millones de dólares para la Argentina.
De ser aprobado por el directorio de la entidad (cosa que seguramente ocurrirá el próximo 20 de junio) el país estaría recibiendo un primer desembolso de 13.000 millones de dólares. El resto del préstamo “preventivo” quedará disponible para desembolsar dentro de un periodo de 3 años, en caso de que la Argentina lo requiera y cumpla con las condiciones pactadas en el acuerdo; para ello, el FMI auditará in situ, la ejecución política del programa y los principales indicadores de la economía nacional.
Dentro de los puntos acordados con el FMI, se destaca el compromiso del gobierno argentino de reducir fuertemente el déficit fiscal primario (el que excluye los intereses de la deuda pública). Así, las metas fiscales se reajustaron al -2,7% para 2018, -1,3% para 2019, nulo (0%) para 2020, y 0,5% para 2021 (primer año con superávit). Asimismo esperan que el resultado financiero sea de -5,1% en 2018, -3,7% para 2019, -2,3% para 2020 y -1,7% para 2021 (la baja de este año se daría gracias a la compensación con superávit primario esperado).
El programa del ajuste está enfocado en la obra pública (-81%), las transferencias corrientes a provincias (-74%), los subsidios de energía y transporte (-43%), y salarios y bienes y servicios (-13%). El armado del ajuste tiene por fin generar un efecto recesivo en la economía, a fin de presionar a la baja los precios por menor demanda y achicar el déficit de Cuenta Corriente por menos importaciones, menos turismo y menos compra de dólares para atesoramiento.
A ello se suma los compromisos asumidos por el BCRA, aspecto central y menos esperado del acuerdo con el FMI, que ya preveía ajuste ortodoxo en las cuentas públicas. En primer lugar, la autoridad de la entidad anunció la suspensión de las transferencias al Tesoro nacional, lo que implica el fin del financiamiento a la administración central, y la participación del Banco Nación en la compra de los dólares de los préstamos que tome el gobierno.
A su vez, y junto con el anuncio del acuerdo, el BCRA retiró la oferta de los 5.000 millones de dólares a 25 pesos, que había dispuesto para contener el tipo de cambio mayorista. Esto implica la vigencia de un tipo de cambio flotante (el BCRA no interviene para controlar las variaciones del Tipo de Cambio) y la eliminación de esta importante herramienta de política comercial.
El gigantesco déficit cuasifiscal generado imprudentemente por el BCRA en pro de una fallida política antiinflacionaria, terminará siendo afrontado Estado nacional, que recomprará las Letras del Tesoro en poder del BCRA por un total de USD 25.000 millones. Con esta operación, el BCRA cancelaría las Lebacs sin necesidad de emitir pesos.
El gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA para reforzar su autonomía; en otras palabras, busca institucionalizar el cambio de rol de la entidad, con el argumento de “mayor independencia”.
En otras palabras, lo que el gobierno ha acordado con el FMI es un mega-parche, no una solución de fondo. El financiamiento no viene a apalancar el crecimiento económico, ni mucho resulta ser un plan de desarrollo sostenible. Por más que los discursos intenten mostrar las bondades de un acuerdo, el propósito del mismo es garantizar la oferta de divisas del país, frente a un esquema totalmente liberalizado que se caracteriza (y lo seguirá siendo) por la especulación y fuga de capitales.
El crédito, por más grande que sea, no viene a solucionar ninguno de los problemas reales económicos de la Argentina. El agujero que dejó la especulación (bicicleta financiera), será afrontado por el estado, con cargo al conjunto de los argentinos que seguirá trabajando y aportando para un estado, ya no ineficiente (porque paulatinamente irá cesando en su provisión de bienes y servicios públicos de calidad), sino correcto pagador de intereses y rentas del negocio financiero foráneo.
La Argentina dejará de tener política cambiaria, puesto que ahora el tipo de cambio (principal herramienta del comercio exterior) queda a merced del mercado. El crédito, elemento vital del desarrollo industrial y productivo de la nación, responderá básicamente al interés financiero; y por último, los precios relativos, se acomodarán en términos de una economía recesiva, con mayores niveles de conflictividad social, desempleo y exclusión.
Es rigor de verdad, este programa económico impuesto por el FMI, no cambia en esencia la concepción política del gobierno de Macri; sólo acelera y precipita sus consecuencias más lamentables.
