Privatización de AySA: el Gobierno lanza la licitación y profundiza el modelo de entrega de recursos

El Gobierno nacional dio un paso determinante en su agenda de desmantelamiento de la estructura estatal. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), con el objetivo de transferir al sector privado el 90% de las acciones que hoy posee el Estado.

Tras diez meses de gestiones, la administración de Javier Milei busca concretar la venta de la compañía que provee servicios esenciales de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense. El esquema propuesto contempla la venta de un 51% a un «operador estratégico», mientras que el resto de los títulos saldría a la Bolsa. Según lo estipulado, la concesión será por un periodo de 30 años, con una posible prórroga de una década adicional.

Al justificar la medida, el titular de la cartera económica sostuvo que el Estado dejará de utilizar las empresas públicas como «cajas políticas» para pasar a un modelo de «reglas claras» y «competencia». Sin embargo, la entrega de un servicio básico y vital como el agua a manos privadas genera interrogantes sobre la accesibilidad y las futuras tarifas para millones de usuarios del AMBA.

Los grupos que pujan por el negocio

El interés privado por quedarse con el manejo del agua ya tiene nombres propios. Entre los principales candidatos para convertirse en el «operador estratégico» figuran grupos de fuerte peso local e internacional: Edison Energía (conformado por la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan), el empresario Mauricio Filiberti (dueño de Transclor y vinculado históricamente al sector), el Grupo Roggio, y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.

De acuerdo al esquema previsto, el 10% restante de las acciones permanecerá en manos de los trabajadores de la empresa.

Avance del RIGI en la minería

En la misma jornada, Caputo utilizó sus redes sociales para anunciar la aprobación de dos nuevos proyectos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que representan un desembolso superior a los US$ 2.000 millones.

Las iniciativas aprobadas son:

• Proyecto Minera San Jorge (Mendoza): una inversión de US$ 891 millones para la explotación de cobre, marcando un hito en una provincia con históricos debates sobre la actividad minera.
• Ampliación de Cauchari Olaroz (Jujuy): un proyecto de litio que recibirá US$ 1.241 millones.

Desde el Ministerio de Economía aseguran que ambos desarrollos generarán más de 8.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Con estas incorporaciones, ya suman 16 los proyectos aprobados bajo este régimen, alcanzando una cifra global de casi 30.000 millones de dólares en inversiones proyectadas, mientras otros 20 expedientes permanecen bajo evaluación oficial.