El 80% de los trabajadores de la industria privada cobrará el sueldo con la ayuda estatal.Así lo estimaron los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante una videollamada con la CGT y la UIA, en la que se planteó dudas y reclamos respecto del Decreto 376, que establece un sistema de asistencia salarial para las empresas y una reducción de los aportes patronales, entre otros puntos.
De la videollamada participaron, además de los ministros y de Funes de Rioja, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), a quienes se sumaron los miembros de la conducción cegetista Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).
Uno de los planteos que que realizó la CGT a los ministros, fue que la dinámica con que se inscribe a las empresas para beneficiarse por los alcances del Decreto 376 «sea rápida», ya que este decreto contempla el pago por parte de la ANSES del 50% del sueldo neto de los trabajadores, debido a que la norma impactará en los acuerdos de suspensiones con rebajas salariales que se están negociando en varios sectores inactivos, como Comercio, construcción, metalúrgicos, mecánicos, gastronómicos, textiles y calzado, entre otros.
Uno de los puntos en discusión fueron estos acuerdos por suspensiones con rebajas salariales que se están firmando en sintonía con el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para la CGT, como lo planteó esta tarde, los acuerdos de este tipo deberían hacerse “dentro del marco del convenio colectivo de la actividad”, mientras que la UIA opinó que, como lo marca la legislación, son individuales o colectivos pero sin necesidad de estar atado al andamiaje convencional.
La última semana los encuentros entre empresarios y sindicalistas se duplicaron, como las negociaciones. ya que ambos se encuentran interpelados por la imposibilidad de pagar salarios. De esta manera, hasta se permitieron pactar reducciones de un porcentaje del pago de los sueldos, con el compromiso de mantener las fuentes de trabajo.
A partir del Decreto 376, algunos sectores analizan rediscutir los acuerdos para que los sueldos sean lo más alto posible, considerando que el Gobierno se compromete a abonar el 50% de las remuneraciones, con un tope de dos salarios mínimos (unos 33.000 pesos).
La ampliación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, contempla el pago por parte de la ANSES del “salario complementario”, que equivale al 50% del sueldo neto del trabajador y establece como mínimo una suma equivalente al salario mínimo, que es de $16.875, y como tope la suma de dos salarios mínimos o el total del salario del trabajador registrado.
La preocupación de los sindicatos es quien se hará cargo de los aportes patronales, punto que no estaba esclarecido en el flamante decreto 376. Según Moroni, se desprende del texto de la norma que el 100% del aporte para la seguridad social lo deben hacer las empresas.
Los sindicatos necesitan asegurarse esos pagos para poder pagar los sueldos de los trabajadores de sus instituciones, que desde que comenzó la cuarentena cayeron más de un 50% en promedio. Hay gremios que mantienen estructuras muy importantes y corren el riesgo de no poder sostenerlas. Por ejemplo, la Federación de Empleados de Comercio, la más numerosa del país, recaudaba mensualmente 2.000 millones de pesos en concepto de aportes sindicales y obra social, y ahora esa cifra cayó un 40%, mientras sigue manteniendo una estructura de 4.000 trabajadores en todo el país y un número parecido en trabajadores de la obra social, OSECAC.
Moroni y los sindicalistas hablaran del tema obras sociales en otro encuentro, se acordaron, pero la CGT insistió en el pedido de una ayuda adicional para el sistema. Entre los dirigentes cegetistas estiman que harían falta unos 15.000 millones de pesos para compensar el déficit en las obras sociales que está generando la abrupta caída de la recaudación.
Desde que avanzó la pandemia, la CGT logró que el Gobierno ayude el pago de 4.800 millones de pesos que les debía a las obras sociales, de un total retenido de 15.000 millones de pesos, en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad.
A fines de marzo, la Superintendencia de Servicios de Salud les pagó 2.800 millones de pesos a las obras sociales y se espera que antes de que termine abril les pague otros 4.000 millones. Pero ahora, los sindicatos hicieron en hincapié en que la situación es grave y necesitan la ayuda económica.
