El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy la inhibición general de bienes del ex titular del Banco Nación (BNA) Javier González Fraga y del resto de los integrantes del Directorio de la entidad en 2019, y de los dueños de la cerealera Vicentin, en el marco de una causa por presunta defraudación contra el Estado Nacional.
El juez federal Julián Ercolini investiga si hubo una maniobra ilegal por la cual la empresa acumuló una deuda de unos 18.500 millones de pesos, que cayó en cesación de pagos, por la que el Gobierno intentó intervenirla, lo cual derivó en un litigio judicial.
Pollicita consideró que por el momento no hay pruebas en la investigación que impliquen al ex presidente Mauricio Macri en la presunta maniobra.
El pedido de inhibición solicitado alcanza, además de a González Fraga, a los ex directores Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Alberto Castellani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Javier Pose y Cecilia Antonia Nofal.
También al suspendido gerente general Juan José Fragati, la subgerente general de Riesgo Crediticio, Susana Ojeda, el subgerente general de Banca Corporativa, Martín Enrique González, la subgerente Departamental de Soporte Crediticio, Maricel Moschini, y los gerentes de la zonal Reconquista José Luis Testa y Luis María Restelli, y de la sucursal Reconquista Darío Giaccosa y Néstor Ariel Bled.
El fiscal también solicitó la inhibición de bienes contra los empresarios Roberto Vicentin, Osvaldo Boschi, Martín Colombo, Herman Vicentin, Alberto Macua, Máximo Padoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli, la mayoría accionistas de la cerealera o altos directivos.
«Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S.A. y Algodonera Avellaneda S.A.», argumentó el fiscal.
Denunció que los funcionarios se apartaron de la normativa interna que los regula, y luego «omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba».
«Las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares y requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo», señaló.
