Por Aldo Battisacco, desde Buenos Aires

La discusión del proyecto de ley para suspender los aumentos tarifarios pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes.

El Salón Arturo Illia del Senado de la Nación se llevó a cabo la reunión plenaria de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda, y Minería, Energía y Combustible.

El Bloque Justicialista le dio tiempo al Gobierno hasta el próximo martes para presentar un nuevo esquema tarifario alternativo al que propone su proyecto, que retrotrae los aumentos al 1 de noviembre de 2017 y limita los aumentos para usuarios residenciales a la variación salarial.

La reunión fue encabezada por la Comisión de Derechos y Garantías que preside la oficialista Inés Brizuela y Doria y de la discusión participan también las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.

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En tal sentido el senador Miguel Angel Pichetto propuso “esperar hasta el martes para que se plantee un proyecto más responsable, más gradual para la gente y si esto llega al Senado nosotros podemos abordar la discusión de este proyecto. Caso contrario vamos a ratificar esta media sanción que va a funcionar como un mensaje”.

También cuestionó que muchas veces “el Congreso no sanciona la mejor ley pero a veces el Parlamento construye una norma para enviar un mensaje al Poder Ejecutivo, para decirle no estamos de acuerdo”. El jefe de los senadores del PJ, sostuvo que “si la lógica del Gobierno es plantear un 15% de incremento salarial, los servicios no pueden aumentar un 40%”

En ese sentido amplió: “Consideramos que en este tema se están equivocando, que deben hacer una corrección, que deben tener en cuenta la prudencia en la evolución de tarifas y salarios en el marco de la sociedad”, así dejó fijada la posición del bloque que representa.

El proyecto de ley que se ya tiene media sanción de Diputados, retrotrae el precio de las tarifas de servicios públicos a noviembre de 2017 y establece una actualización de acuerdo al Coeficiente de Variación Salarial para los usuarios residenciales y al Índice de Precios Mayoristas para las PyMES.

Por su parte, el senador nacional por Formosa y presidente del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, expresó a Conclusión que «el primer problema que tienen las provincias, así como está redactada esta media sanción, es que establece un criterio de retroactividad en noviembre de 2017, congela los incrementos que se fueron dando para reducir subsidios en el 18 y 19, pero establece un mecanismo de devolución o de compensación de parte de las distribuidoras y concesionarias de los servicios públicos».

Y agregó: «El artículo segundo tiene dos interpretaciones, si la intención fue regular o morigerar, o mejor dicho congelar incrementos, con efecto retroactivo y aplicar una actualización con el coeficiente de variación salarial desde noviembre del 17 en adelante para la distribución y el transporte, aquí estamos beneficiando exclusivamente al área metropolitana del Gran Buenos Aires».