Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – Entre las numerosas deudas que tenía el parlamento con la ciudadanía, la Ley de Talles, era una de ellas. Si bien se pensó que se resolvía la quimera de encontrar en las vidrieras de Argentina ropa adecuada a cuerpos reales, parece que lejos se está del deseo de los consumidores. El diputado José Luis Ramón sostiene que la ley que se aprobó en el Congreso «es una mentira que protege a la industria».
El legislador mendocino, dialogó con Conclusión y expresó que «hay problemas con la ley, no da realmente respuesta al problema. Su aporte es totalmente menor, y se han eliminado puntos de consenso que los proyectos originales tuvieron».
Visiblemente molesto, Ramón argumentó que no acompañó el proyecto en comisiones, porque está «cansado que se haga como que resolvemos el tema, cuando no damos las discusiones en serio».
Ramón señaló que no se da una respuesta a los consumidores «con un sistema de medición unificado, porque eso lo podemos conseguir de muchas maneras distintas e incluso más simple: la respuesta la damos asegurando que haya oferta de prendas de todos los talles».
Consultado porque no apoyó el proyecto que llegó al recinto, respondió que «se está haciendo la vista gorda al problema y se trata de un proyecto que no resuelve nada». «Y no lo hace, porque esta ley solo exige el cumplimiento de un cartel o porque no hay una etiqueta».
Para el mendocino, la ley de Talles, se limita a copiar el texto del artículo 8 bis de la ley de Defensa del Consumidor, que ya está vigente y que se demostró que no alcanzó para modificar la realidad».
«Esto es pura teoría, no hay inspectores que trabajen en el campo, si no tenemos fondos para los organismos, si no tenemos independencia de las reparticiones a cargo de estos temas, no vamos a generar los cambios sociales. Vamos a seguir legislando para la tribuna», explicó molesto el parlamentario.
En la misma línea dijo que hace varios meses impulsa una ley «para generar un ente autárquico de defensa del consumidor, con recursos y facultades para poder resolver estos temas», al tiempo que agregó que sin recursos, sin entes independientes que no tengan miedo de salir a hacer cumplir la ley, sin la sociedad civil y sin inspectores, no habrá control para que se cumpla la ley sancionada».
«No se tomó una decisión seria, debemos legislar aunque se incomoden los que lucran con su actividad, es imposible dejar a todos conformes», advirtió José Luis Ramón, y añadió que «es indispensable disponer de fondos y mecanismos para que se cumpla la ley, porque en el capitalismo moderno, el objetivo de las empresas no es cumplir las leyes, si no hacer una ganancia, y la única manera de que cumplan la ley, es generando los frenos y contrapesos para que les sea más barato cumplir, que no hacerlo».
