SáBADO, 18 DE JUL.

El Gobierno defendió las modificaciones a la Ley de Inteligencia: “Consolida un nuevo orden”

Distintos diputados nacionales elevaron con urgencia una nota a las autoridades del cuerpo para que poder discutir cuanto antes el decreto, al que consideran altamente peligroso en términos institucionales y democráticos.

 

El Gobierno emitió este viernes un comunicado en el que respaldó las modificaciones aplicadas al Sistema de Inteligencia Nacional y sostuvo que las mismas eliminarán la discrecionalidad y la arbitrariedad que regía hasta el momento. Desde distintos sectores de la oposición marcaron que los cambios precisamente generarán lo contrario, un escenario de mayor opacidad y con nulo control.

«Los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial, a partir del liderazgo del presidente Javier G. Milei, requieren que la Nación cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos», argumentaron desde Casa Rosada, a través de un escrito difundido por redes sociales.

Con esa premisa -dijeron- es que fueron implementadas las modificaciones presentes en el DNU 941/25, donde se instaura que todas las actividades de la Side pasarán a considerarse «encubiertas» y se instará a los elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas a que produzcan «conocimiento sobre organizaciones no estatales de interés».

Estos puntos -solo dos de una serie de modificaciones más amplia- dispararon fuertes críticas de distintos sectores de la oposición, que advirtieron que esto habilita el espionaje de dirigentes políticos y diferentes actores institucionales que muestren posiciones no alineadas con el Gobierno. Todo sin posibilidad de freno o control alguno por parte de otros poderes.

En esa línea es que se dispuso la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem), cuya existencia -según las autoridades libertarias- generaba una superposición de funciones con los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

«Así se consolida un esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa. Finalmente, la reforma establece un nuevo esquema de intercambio de información con el resto de los organismos del Estado, basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento y cada flujo de información para así eliminar la discrecionalidad y la arbitrariedad», añadió el Ejecutivo.

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En otros puntos, el Gobierno dejó que la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado sean a partir de ahora competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a la vez que se redefinió el rol de la Agencia de Seguridad Nacional para que quede circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia.

«La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos», afirmó el escrito. La oposición asegura que es precisamente esto último lo que ocurrirá con mayores facilidades a partir de las modificaciones.

Reacción legislativa

Frente a este escenario, varios diputados nacionales solicitaron por medio de una nota dirigida a Martín Menem y Victoria Villarruel que se regularice y designe a los integrantes de las Comisione Bicamerales Permanentes de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de Trámite Legislativo.

En ese sentido, exigieron que apenas se pueda se convoque de forma urgente e inmediata a la Comisión de Trámite Legislativo a fin de considerar la validez del DNU y sus reformas en materia de inteligencia.

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