El Gobierno mantiene suspendidas más de 21 mil pensiones por invalidez y da 30 días para presentar documentación
La medida alcanza a 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral y se enmarca en una auditoría que detectó presuntas irregularidades médicas y patrimoniales. Los beneficiarios podrán presentar documentación para acreditar que cumplen con los requisitos y solicitar la revisión de sus casos.
El Gobierno nacional mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral y otorgará a sus titulares un plazo de 30 días hábiles para presentar la documentación necesaria que justifique la continuidad del beneficio. La decisión se tomó en el marco de una auditoría sobre las prestaciones y se conoce en un contexto de tensión con el sector de la discapacidad, que viene atravesando una prolongada crisis.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de esas prestaciones al considerar que no se registraron presentaciones ni antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para justificar su continuidad.
El funcionario aclaró que la suspensión no implica determinar que los titulares no tengan una incapacidad laboral, sino que responde a la falta de información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa vigente.
En ese sentido, explicó que las personas alcanzadas por la medida podrán presentar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o aportar otros antecedentes que permitan revisar su situación. Los trámites podrán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y de las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el organismo.
Desde el Ejecutivo sostienen que la revisión no busca quitarles la prestación a quienes tienen una discapacidad y cumplen con los requisitos. Además, cuestionan la gestión de Alberto Fernández por el aumento de beneficiarios durante su mandato, al que atribuyen motivaciones políticas y no exclusivamente la atención de personas que necesitaban la asistencia.
Ravier también señaló que las pensiones no contributivas por invalidez laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar y carecen de medios de subsistencia. Por ese motivo, remarcó que el otorgamiento del beneficio no depende únicamente de la existencia de una discapacidad ni de la tenencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), sino del cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a la prestación.
Por otra parte, el Gobierno mencionó la existencia de bienes registrados a nombre de algunos beneficiarios como un elemento que requiere revisión. Sin embargo, esa circunstancia no constituye por sí sola una prueba de fraude, sino un dato que debe evaluarse junto con el resto de la información de cada caso.
Según precisó el vocero presidencial, hasta el momento no se había realizado una presentación judicial por los casos alcanzados por la auditoría. Mientras tanto, los titulares de las pensiones suspendidas tendrán la posibilidad de aportar la documentación requerida dentro del plazo establecido para que las autoridades evalúen si corresponde restablecer los pagos.