El Gobierno negocia con senadores para aprobar cambios en el régimen de Zona Fría: ¿se terminan los subsidios al gas?
La Casa Rosada busca ratificar sin cambios la media sanción de Diputados para acotar el beneficio tarifario solo a la Patagonia, la Puna y Malargüe. En la provincia de Santa Fe, más de medio millón de personas perderían el subsidio.
Tras la vigilia del 9 de julio en Tucumán, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Buenos Aires para definir la prioridad de la agenda legislativa de cara al reinicio de la actividad parlamentaria en agosto. En el centro de las negociaciones con los gobernadores y los bloques dialoguistas, el Poder Ejecutivo colocó un tema fiscalmente sensible: la aprobación definitiva de la reforma al Régimen de Zona Fría para achicar drásticamente los subsidios al consumo de gas residencial.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a referentes parlamentarios como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich, mantuvieron conversaciones con la oposición aliada. La meta de la Casa Rosada es que el Senado sancione el proyecto tal como vino de la Cámara baja, barriendo con la ampliación de subsidios que se había aprobado por ley en 2021. Desde el oficialismo argumentan que aquella reforma “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema”, extendiendo el beneficio a regiones sin extremos climáticos y disparando el gasto público.
¿Quiénes mantienen el subsidio al gas?
El nuevo esquema legislativo plantea una división tajante en el mapa del gas:
• Zonas que mantienen el subsidio generalizado: la iniciativa preserva los beneficios para el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
• Zonas que pierden el beneficio masivo: en las localidades incorporadas al régimen a partir de 2021 (entre ellas Rosario), el descuento generalizado en la boleta de gas quedaría eliminado. El beneficio estará restringido únicamente a las familias de menores ingresos que califiquen dentro del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), implementado por decreto.
El mayor impacto económico de esta poda se sentirá en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En esta última provincia forman parte del beneficio ocho departamentos del sur: Rosario, General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano.
Si la propuesta se convierte en ley, unos 550.000 hogares del sur de Santa Fe –incluida la ciudad de Rosario– dejarían de gozar de este subsidio energético, mientras que se estima que a nivel nacional unas 3.200.000 personas padecerían aumentos significativos, de hasta el doble lo que pagan actualmente en sus boletas de gas.
En la provincia de Buenos Aires, un total de 55 ciudades perderían el subsidio automático. Entre las localidades afectadas se encuentran centros urbanos de alta demanda invernal como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Azul, Olavarría y la mayor parte del corredor de la Costa Atlántica.
Tensiones con los gobernadores y el resto de la agenda
Pese al apuro de Balcarce 50, la reforma genera fuertes resistencias en senadores de extracción radical y provincial. Los legisladores mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, entre otros, ya plantearon reparos por el impacto que la quita tendrá en las clases medias de sus distritos, lo que obliga al oficialismo a un fino trabajo de orfebrería política para garantizar las voluntades en el recinto.
Aunque el debate por la tarifa del gas acapara la atención de las provincias, la Casa Rosada presiona en paralelo con otros tres ejes de su paquete estructural:
• Reforma Electoral: negociada para septiembre, incluye la eliminación de las Paso, modificaciones al financiamiento partidario, Ficha Limpia y un borrador para habilitar listas colectoras bajo el sistema de Boleta Única de Papel.
• Autonomía del BCRA: una reforma de su Carta Orgánica coordinada por Luis Caputo y Federico Sturzenegger para prohibir por ley que la entidad financie al Tesoro Nacional
• Ley de Inocencia Fiscal: una herramienta orientada a facilitar que los cerca de 170.000 millones de dólares que los argentinos guardan fuera del sistema bancario (“bajo el colchón”) ingresen al circuito formal para financiar proyectos productivos y pymes.
El Senado tiene prevista una última sesión el 16 de julio antes del receso invernal, pero la verdadera batalla por el costo de las boletas de gas y el nuevo mapa de la “Zona Fría” se librará a partir del 6 de agosto, cuando la Cámara Alta retome formalmente las deliberaciones.