El Gobierno reconoció que “todo el pueblo argentino hace un enorme esfuerzo, menos la casta”
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, admitió que los salarios docentes son sumamente precarios e incluyó a los trabajadores de la educación entre los sectores de la ciudadanía que se encuentran padeciendo el ajuste.
El Gobierno volvió a dejar expuesto este viernes que el desfinanciamiento educativo es parte de su programa de gestión. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reconoció que «hace dos años que todo el pueblo argentino hace un enorme esfuerzo, menos la casta».
Álvarez circuló en las últimas horas por diferentes programas de televisión con el objetivo de defender el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que el Congreso sancionó a finales de agosto.
En una de esas intervenciones, al subsecretario de Políticas Universitarias le pidieron si podía especificar cuál es el monto que cobra un docente y no dudó en arrojar números que reflejan la precariedad de los salarios.
«El mínimo, cuando recién empieza un profesor, es de 250.000 pesos por unas diez horas por semana. Después, un profesor adjunto que tiene diez años de antigüedad está cerca de 1.300.000 pesos», detalló el funcionario nacional, en diálogo con TN.
Lo apuraron en TN al Subsecretario de Políticas Universitarias para que diga cuanto gana un docente universitario y admitió que cobran una MISERIA.
Hasta Joni Viale le dijo que no se puede vivir con eso! pic.twitter.com/rcoot5Hayr
— mauro (@MauroFdz) September 13, 2025
«Nosotros somos los primeros en decir que los sueldos no son lo que quisiéramos», agregó Álvarez. Lo llamativo es que, al compartir el fragmento de esa entrevista en sus redes sociales, el subsecretario justificó: «Y sí, hace dos años que todo el pueblo argentino hace un enorme esfuerzo menos la casta».
Los usuarios en redes sociales no tardaron en marcar que la justificación es irrisoria por diferentes motivos. Sobre todo, porque Álvarez es parte del Gobierno que define que la casta no esté pagando el ajuste, a la vez que distintos sectores de la ciudadanía padecen el deterioro de su poder adquisitivo.
La situación ya había sido admitida en los fundamentos del veto presidencial a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, publicados esta semana en el Boletín Oficial.
En esa publicación -que lleva la firma del mandatario y todos los integrantes de su Gabinete- se realizan diferentes cuestionamientos al proyecto aprobado, pero también se reconoce por escrito que «entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales se incrementaron un 128,49%, mientras que en el mismo período la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 220,45%».
La ley, que fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, se aprobó en el Senado a finales de agosto, eleva al 1% del PBI el presupuesto destinado al funcionamiento de las casas de altos estudio y, en su artículo 5°, insta al Poder Ejecutivo a recomponer los salarios docentes y no docentes tomando la variación de la inflación informada por Indec como piso.
El proyecto aprobado además propone actualizar las partidas presupuestarias para hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria. También fija una actualización bimestral del monto destinado a gastos de funcionamiento y asienta por escrito que la Auditoria General de la Nación realizará auditorías y mandará informes al Congreso con las observaciones.
El Gobierno, tal se expuso anteriormente, reconoció en el veto que el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios se deterioró profundamente desde que la nueva gestión asumió al frente de la Casa Rosada, pero no reniega de esto.
«El impulso de una medida como la actual, que incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables», afirma la Casa Rosada en los fundamentos del veto presidencial.
Y agrega: «Un mayor gasto sin respaldo real debe financiarse con emisión monetaria sin un anclaje de sostenibilidad, lo que se traslada en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios».
Es decir, por un lado el Gobierno asegura que aplicar la ley redundaría en un desplome del poder adquisitivo de los salarios, pero párrafos antes admite que el impacto sobre la capacidad de compra de los trabajadores de las universidades ya existe y tiene un profundo impacto en su nivel de vida.
Fragmento del veto presidencial publicado en el Boletín Oficial del 10/9/25. (Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/5932589/20250910?suplemento=1)