El Gobierno y la UIA mantuvieron una reunión clave por la caída industrial, las tarifas y el contrabando: pymes en alerta y margen fiscal acotado

En un contexto marcado por el deterioro de la actividad productiva y tras recientes contrapuntos públicos, las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunieron este martes en Buenos Aires con representantes del Gobierno nacional para abordar la crisis de las pequeñas y medianas empresas, el costo energético y el impacto del contrabando en el sector.

El encuentro contó con la presencia del titular de la entidad fabril, Martín Rappallini, junto a los directivos David Uriburu (vicepresidente de Desarrollo Industrial), Rodrigo Pérez Graziano (vicepresidente sectorial), Eduardo Nougués (secretario) y Laura Bermúdez (directora ejecutiva). Por parte del Ejecutivo nacional asistieron el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y la subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, Daniela Ramos.

Durante la reunión, los representantes de la industria detallaron los principales factores que ahogan la operatividad diaria: la caída sostenida de las ventas, los incrementos en las tarifas eléctricas y la competencia desleal provocada por el ingreso irregular de productos al país.

En materia de costos de energía, la UIA advirtió que los usuarios categorizados como Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) recibieron facturas con aumentos de entre el 90% y el 100% en el costo básico. Según expuso la entidad empresarial, esta suba derivó en que los montos totales prácticamente se duplicaran en relación con el mes anterior y se acercaran a triplicarse en comparación con dos meses atrás. Ante este panorama, los dirigentes exigieron medidas urgentes para reforzar los controles fronterizos contra el contrabando y solicitaron alternativas de financiamiento para cubrir la factura energética.

Para sostener la producción, la edificación y el empleo en un escenario de recuperación heterogénea, la cúpula de la UIA presentó un pliego de medidas financieras y fiscales que contempla incentivos tributarios específicos para impulsar el sector de la construcción, extensión del pago a cuenta de IVA y Ganancias derivado del impuesto a los débitos y créditos bancarios, reducción de la tasa del plan de pagos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), actualmente fijada en un 2,75% y mejoras en el acceso al crédito para fortalecer la competitividad pyme.

De acuerdo con participantes del encuentro, los funcionarios nacionales mostraron receptividad ante varios de los puntos planteados. Sin embargo, aclararon que las decisiones oficiales están severamente supeditadas a la restricción fiscal que mantiene el Gabinete. Desde el sector industrial recuerdan como antecedente favorable la reciente flexibilización sobre los derechos de exportación, medida adoptada cuando el Gobierno encontró margen en las cuentas públicas. A su vez, la UIA ponderó la convocatoria a las «Rondas de Negocios RIGI» anunciadas por el Ministerio de Economía para integrar a proveedores locales con grandes proyectos de inversión.

Las demandas empresariales se sustentan en los últimos indicadores del INDEC. En el mes de julio, la actividad industrial registró una caída interanual del 4,9% y una contracción mensual del 5% respecto de junio, siendo la baja mensual más pronunciada en lo que va del año. En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, el sector refleja una pérdida del 2,6%. Paralelamente, el uso de la capacidad instalada descendió al 58,2% en julio, manteniéndose sistemáticamente por debajo del umbral del 60% durante todo el año en curso.