El oficialismo y la oposición “dialoguista” llegaron a un acuerdo y, durante la madrugada de este miércoles, firmaron un dictamen de mayoría, aunque con disidencias, para la “Ley de Bases”, más conocida como Ley Ómnibus, que el presidente Javier Milei presentó en el Congreso. Si bien la iniciativa iba a tratarse este jueves, el Gobierno decidió suspender la sesión y la ley podría discutirse la semana próxima en el recinto de la Cámara de Diputados.

Tras una jornada de intensas negociaciones, cerca de la 1:30 de este miércoles el plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados (la de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda) que estudió el texto logró el número para el despacho. El dictamen de mayoría de la Ley de Bases cosechó 55 firmas, 34 de las cuales marcaron sus disidencias. Además, se anotaron otros cuatro dictámenes de minoría.

El plenario de comisiones que estaba convocado para las 18 debió correrse primero para las 20:30 y luego para las 21, ya que los diálogos frenéticos se dieron entre diputados, gobernadores y referentes del Gobierno nacional no llegaban a una conclusión.

El oficialismo necesitaba tener mayoría en cada una de las tres comisiones que totalizan 115 miembros, con lo cual necesitaba que 57 diputados firmen algunos de los dictámenes, que finalmente consiguieron.

Así, el dictamen de mayoría cosechó unas 55 firmas de la Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) –aunque con diferencias internas– y Hacemos Coalición Federal, pero los bloques dialoguistas lo hicieron con disidencia parcial. La bancada de Unión por la Patria, en tanto, presentó un dictamen de minoría con 45 firmas en rechazo el proyecto oficial.

Las disidencias de la oposición “dialoguistas” –representada por 34 legisladores– están centradas en el aumento de las retenciones, el sistema de actualización de jubilados, el financiamiento político, y el mecanismo de las privatizaciones. Estas diferencias pueden poner en riesgo la aprobación de varios artículos centrales de la ley en la votación en particular.

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Además, los legisladores de la Coalición Cívica, del socialismo y del Gen, que integran Hacemos Coalición Federal, presentaron dictámenes de minoría al rechazar los acuerdos con la Libertad Avanza. La izquierda también presentó su propio despacho contra la iniciativa.

Los planteos de cada bloque

Al abrir el debate, el diputado de La Libertad Avanza por a provincia de Buenos Aires, Santiago Santurio, indicó: “Tenemos que hacer lo que la Argentina necesita, entendemos la necesidad de la aprobación de este dictamen y ahora debemos comenzar un proceso que deje atrás la decadencia en lo que los metió la política y empecemos un proyecto de crecimiento”.

Por su parte, Martín Tetaz, de la UCR, expresó: “Tal vez hay formas distintas de expresarlo a lo largo de esta reunión, pero estamos todos convencidos de apoyar las reformas que necesita el Gobierno al mismo tiempo que mantenemos nuestra posición muy firme en defensa de los jubilados, de los sectores productivos de la Argentina, de la división de poderes y el sistema republicano de Gobierno”.

Sin embargo, no parece haber unidad dentro de la UCR: mientras que el legislador cordobés Rodrigo de Loredo dijo que el artículo que grava impositivamente a las retenciones de las economías regionales como un retroceso al “kirchnerismo”; el diputado bonaerense Facundo Manes rechazó el proyecto en general y dijo que sólo logrará “empobrecer aún más” a los argentinos.

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Por la Coalición Cívica, Juan Manuel López apuntó: “No pudimos dar el debate porque la ley es inabordable en sesiones extraordinarias, por todo lo que propone, y por cosas que no propone y que queremos proponer”.

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, remarcó: “Estamos en presencia de la delegación de facultades más escandalosa que un Congreso ha hecho a un ejecutivo. El corazón de este proyecto son las facultades delegadas, y todo lo que sacó Milei, lo va a poder hacer en función de las facultades delegadas. Con esta ley pueden intervenir todo”.

Martinez cuestionó a Javier Milei por haber tardado 17 días en enviar el proyecto, y que este fuera materia de debate por solo tres comisiones, cosa que consideró la primera “arbitrariedad”. Además, consideró “incomprensible que un proyecto de estas características no haya merecido que el jefe de Gabinete hubiese explicado el proyecto». La crítica fue extensiva También al ministro Luis Caputo quien nunca concurrió para explicarlo. Al tiempo que recordó la ausencia del “padre de la criatura”, en clara alusión Federico Sturzenegger.

Además, criticó que no se conocía el dictamen de La Libertad Avanza, para luego advertir a los legisladores que le dieron los votos al oficialismo que “tienen un presidente de la Nación que los trató de idiotas útiles; los amenazó con carpetazos de la AFIP; les echara la culpa del aumento de los dólares financieros, y sin embargo están aquí convalidando todos estos agravios, insultos, y que se avasallen las facultades del Congreso con estas arbitrariedades”.

“Los aprietan casi por cadena nacional y no dicen nada”, subrayó y agregó : “Esta ley es horrible, es invotable”. Acto seguido los interpeló: “qué es lo que quieren dictaminar hoy y qué es lo que están avalando. La delegación de facultades más escandalosa que el Congreso está por hacer a un Poder Ejecutivo. Esta ley tiene el impacto de 8 leyes Dromi. Dromi es Heidi respecto a este Congreso”.

Desde la izquierda, Myriam Bregman dijo que en las últimas horas entretuvieron a la ciudadanía haciendo “creer que hay una discusión entre el gobierno nacional y las provincias”, pero apuntó: “Acá lo que se busca es gobernadores cómplices del Gobierno nacional”.

“La Libertad Avanza no tiene los números para aprobar este mamarracho, este mamotreto; solamente lo puede hacer porque hay quienes colaboran con este desastre al que quieren llevar a nuestro país… Dialoguistas les dicen, me gustaría saber si los votaron para reventar el FGS; si en la campaña dijeron que iban a meterle la mano a los jubilados; si en la campaña dijeron que le iban a dar la suma del poder público al presidente que ganara”, expresó la legisladora.

Luego aseguró que “nos quieren venir a correr que el país está en una situación grave. Cuando andaban paneleando por televisión imitando a Leonardo Fabio, nosotros ya veníamos denunciándolo. Hace años que estamos en la calle”.

Sobre el final de su discurso denunció que con esa ley estaban dando “licencia para matar”, y arengó por la medida de fuerza prevista para este miércoles, reclamando que haya “paro y movilización” a lo largo de todo el tiempo que dure el debate de esa ley.

A su turno, la diputada de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, dijo: “No vamos a acompañar el dictamen presentado por el oficialismo. Algunos creen en las fuerzas del cielo, nosotros creemos en la política, en el Estado, en las instituciones y en el comportamiento democrático para cumplir con el mandato social que es encontrar la solución a los problemas de los argentinos”.

“Reconocemos que ha habido un choque del oficialismo con la realidad. Hay un menosprecio de las instituciones, del funcionamiento del estado de derecho”, observó Stolbizer, quien advirtió sobre “lo insuficiente que ha sido este debate, no solo porque no fueron consideradas todas las organizaciones que vinieron, sino que no ha habido el tiempo de debate de los diputados, porque entiendo que hoy no va a ser posible tampoco”.

Otro de los oradores fue Sergio Palazzo, quien reclamó al presidente del plenario que les facilitara el dictamen, pues no lo conocían. “Tenemos acceso a un supuesto dictamen, y estamos discutiendo sobre la base de  un supuesto cambio. Si lo tienen, les pido lo compartan a los efectos de que todos tengamos el material suficiente para poder opinar con propiedad”, se quejó.

Según Palazzo, “decidieron poner a la Argentina en venta esta noche y lo hacen con el falso argumento de 100 años de decadencia en la Argentina”.

¿Qué dice el dictamen de mayoría?

El acuerdo entre el Gobierno y la oposición se destrabó tras las conversaciones emprendidas entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien propuso seis puntos de reforma al proyecto oficialista en nombre de la decena de gobernadores.

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En el caso de la suba de retenciones agropecuarias e industriales, la discusión se producirá cuando se revise en particular ese capítulo del dictamen de más de 500 artículos.

La Libertad Avanza aceptó modificar el artículo sobre blanqueo de capitales que establecía que la recaudación se iba a destinar a las arcas nacionales y ahora se eliminó la asignación específica y se distribuirá por el mecanismo de coparticipación federal.

Otro punto clave está referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y allí se acordó que cuando se liquiden los activos, esos recursos se destinarán a saldar las deudas de las cajas provinciales.

Otro punto está referido a la paritaria docente y allí se acordó que el Consejo Federal de Educación –en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones– será quien encarará las negociaciones con los gremios docentes.

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Además, se mantienen el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que tiene por objetivo asistir financieramente a las Provincias, el Estado Nacional y CABA, brindando financiamiento para obras de infraestructura económica y social; y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) que asiste y financia programas de desarrollo.

En el dictamen de mayoría se mantiene el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril; reduce el plazo de las delegaciones legislativas a un año; y elimina a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización, entre otros puntos.

En cuanto a las privatizaciones, se eliminó del listado de empresas sujetas a privatización a la petrolera YPF, en tanto que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

En cuanto al sistema electoral, “se pasó para la discusión de ordinarias la reforma de las circunscripciones uninominales, las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados”. De todos modos, el capítulo sobre financiamiento electoral se mantuvo en el borrador de dictamen promovido por el oficialismo que tiene objeciones de algunos de los bloques opositores.

El oficialismo mantiene su propuesta para regular la protesta al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de treinta personas –ya no de tres, como se proponía inicialmente– en un espacio público. También se sostiene la propuesta de permitir la legitima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.

En torno a Bienes Personales, se establece un beneficio para sujetos cumplidores y se modificó el artículo 24, que había sido objetado por la oposición.