Conclusión Buenos Aires
El Frente de Todos de Diputados aprobó el informe en el que se realizó la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por las causales de los fallos del 2×1 en favor de represores, de la reforma del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
Los legisladores consideraron que concluyó la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados. por lo que decidieron dar traslado a los jueces Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo.
Respecto de los fundamentos, y la iniciativa oficial, el diputado nacional Leopoldo Moreau, dijo que se resolvió elevar a los cuatro ministros de la corte los cargos que se le formulan por mal desempeño en el ejercicio de su función, y como cualquier ciudad tienen derecho a defensa»-
«El reglamento establece que poseen un plazo de 10 días hábiles, dentro de los cuales los jueces tienen dos posibilidades, un descargo presencial o por escrito».
Los ministros del máximo Tribunal de Justicia de Argentina, podrán hacer sus descargos por escrito, o de presentarse el martes 7 de noviembre para efectuarlos en persona, en tanto que desde el bloque oficialista en la Cámara baja, se anticipó que la intención es dictaminar entre el 13 y el 17 de noviembre, fecha límite ante el final del período de sesiones ordinarias, que opera el 30.
Por su lado, el presidente de la Coalición Cívica en Juntos por el Cambio, Juan Manuel López, expuso que «el Juicio político se dio unicamente porque hubo un fallo que molestó mucho al Gobierno de Alberto Fernández», se trata de «la cautelar que le restituía a la Ciudad de Buenos Aires parte del dinero que le sacó el Estado Nacional en su oportunidad tras el levantamiento policial en la provincia de Buenos Aires».
El oficialismo entiende que no es la causa que enuncia el diputado de la Coalición Cívica puesto que Fernández fue apoyado por un grupo de gobernadores, y un proyecto que fue presentado por el diputado Eduardo Valdés (FdT)
Poco antes de hablar con la prensa, López responsabilizó al juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por la ausencia de los testigos en la reunión del miércoles: “El ministro de la Corte viene ejerciendo presiones y llamando a distintos actores, es por eso que hoy no tenemos testigos”,afirmó.
La ausencia de los testigos, explicó López se enmarca en la denuncia de «abuso de poder» que Elisa Carrió impulsó contra Lorenzetti, y cuestionó que se esperó hasta el final para tomar cuenta del magistrado rafaelino, y advirtió: “Nos motiva construir un sistema judicial independiente, no hay nada personal y queremos trabajar sobre temas pendientes de nuestro país”.
“Hablando de presiones, citamos al testigo Adrián Walter Miretti, apoderado de la Mutual Pyme Rural porque llamó la atención que en 2016 y 2017 cambiaban cheques con distintos clubes de futbol y en la causa Futbol Para Todos, apareció esta mutual”, relató López. “Saben quién era el socio?. El doctor Ricardo Lorenzetti y varios miembros de su familia”, y amplió: “se asociaron todos juntos el mismo día a la mutual”.
López acusó que “desde la mutual se hicieron presentaciones para que no avance la causa alegando enemistad entre la jueza María Servini de Cubría y el juez de la Corte Lorenzetti”. “Para nosotros fue sospechoso porque a Servini le sacaron el expediente y no se supo más nada”, aseveró.
En sintonía con su par . la diputada nacional Paula Oliveto Lago, compañera de bancada de López y miembro de la Coalición Cívica – ARI, habló de Gustavo Francisco Tita, quien se ausentó a la reunión de Comisión de Juicio Político, aunque mandó un escrito justificando su ausencia: “Fue socio comercial de Lorenzetti y fue quien afirmó que el juez de la Corte lucra en el negocio de la salud, a través de su hijo Pablo Lorenzetti, que también es miembro del Poder Judicial”.
En la misma línea, Oliveto dijo: “Además Tita dijo que Lorenzetti fue asesor legal de una de las prestadoras con conexión con Víctor Alderete del PAMI menemista, con quien armaba sociedades donde se quedaban con el dinero de obras sociales y ahí se puede entender el incremento patrimonial de un juez tiene una vida ostentosa que no condice con sus honorarios”.
