El Senado aprobó hoy por unanimidad la ley que declara la emergencia social y dispone la elaboración de un salario social complementario para los trabajadores de la economía informal.
La ley, consensuada entre el Gobierno, agrupaciones sociales como el Movimiento Evita, CTEP y Barrios de Pie y el Congreso, fue aprobada con 49 votos a favor, tras un debate breve y con pocos senadores en el recinto, como lo evidencia el resultado.
De hecho, los senadores que pertenecen a La Cámpora y al sector del kirchnerismo duro no participaron de la sesión, por una pelea interna del bloque PJ-FPV, relacionada con la discusión por el Impuesto a las Ganancias.
La nueva norma declara la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispone la creación de dos órganos: el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y el Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep).
El Consejo, que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social como «un ámbito institucional permanente», estará integrado por un representante de esa cartera, uno del Ministerio de Trabajo, otro de Hacienda y tres correspondientes a las organizaciones sociales inscritas en el Renatrep.
Además, será el encargado de trabajar en la «progresiva implementación de la transformación de los actuales programas sociales nacionales en salario social complementario», según indica el proyecto de ley.
Para ello, la ley faculta a la Jefatura de Gabinete a «efectuar reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias» hasta un monto de 25 mil millones de pesos durante el plazo de vigencia de la ley y en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta 5 mil millones de pesos.
La ley de emergencia social había sido un reclamo de las agrupaciones sociales atendido por el Senado, que en octubre aprobó un proyecto impulsado por Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna, del PJ-FPV, y Jaime Linares, del GEN.
Al día siguiente, las agrupaciones sociales marcharon junto con la CGT al Congreso para exigir la sanción de la ley, cuestionada por el Gobierno debido al artículo que instruía al Poder Ejecutivo a crear un millón de puestos de trabajo.
En medio de ese clamor, el Ministerio de Desarrollo Social consensuó un nuevo proyecto con las agrupaciones que fue aprobado con una holgada mayoría por la Cámara de Diputados y ahora por el Senado, que lo convirtió en ley.
Durante la sesión de este miércoles, Abal Medina destacó que «este proyecto nació en la calle con la movilización de los trabajadores el día de San Cayetano» y, en referencia a las visitas de las agrupaciones al Senado, agregó: «Los trabajadores vinieron aquí no a pedir un plan o un empleo público, sino a garantizar sus derechos y su dignidad».
A su turno, el oficialista Luis Naidenoff expresó que «la Argentina tiene problemas estructurales irresueltos en materia laboral y educativa por sus errores propios» y sostuvo que «tampoco se tiene que festejar una prórroga de una emergencia que es una expresión del arrastre de una crisis».
El también oficialista Néstor Braillard Poccard sostuvo que «es un derecho de todo aquel ciudadano que trabaja en algo, sea trabajo formal o informal, tener un salario» y afirmó que «toda persona tiene el derecho y el deseo de tener un trabajo estable».
