Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires
El Senado recibió este jueves el pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner y tendrá un plazo de 180 días para resolver el tema, aunque el justicialismo dejó entrever que podría rechazarlo y Cambiemos se reunirá la semana próxima para definir una postura.
La comunicación del juez federal Claudio Bonadio ya fue girada por la Secretaría Parlamentaria a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tendrá 60 días para emitir un dictamen, en tanto que el plazo total para que el Senado resuelva la cuestión es de 180 días, según la ley de fueros 25.320.
En conferencia de prensa, la senadora por la provincia de Buenos Aires fue consultada sobre su visión respecto del papel que jugará la Cámara alta frente al pedido de desafuero, pero evitó una respuesta concreta sobre ese tema y vinculó la avanzada en su contra con el paquete de reformas que impulsa el Gobierno.
«Me parece que más importante que medir la actitud (de los senadores) frente a los pedidos de desafuero, lo que voy a solicitar a todos los compañeros que integran el peronismo y también a los que no forman parte de él pero creen que la variable de ajuste no pueden ser los jubilados, es que se pronuncien mas que en defensa a una senadora, en defensa de las grande mayorías nacionales», indicó.
En este sentido, en horas de la mañana de este jueves, Conclusión adelantó cual sería la composición numérica de las bancadas de cara al lunes próximo. Ya que una vez pasada la jura, cada senador ocupará su banca y será protagonista no solo en el recinto, sino también en el trabajo que los ocupa en comisiones.
El jefe del bloque Justicialista Miguel Angel Picheto adelanto en octubre que el desafuero de un senador procedería solamente en el caso de que tenga condena firme, el recordatorio resulta oportuno ya que se corto mucha tela este jueves respecto que su decisión de disolver el bloque Pj-Fpv en el Senado, y el envalentonamiento de la justicia para solicitar el desafuero de Cristina Fernandez.
Va de suyo que a nadie se le escapa el alto grado de enemistad manifiesto entre ambos en el orden político, pero es oportuno retomar cual es la posición del rionegrino en momentos que se percibe un profundo rechazo de parte de un amplio arco opositor a la política de la administración del presidente Macri, en materia económica.
Las especulaciones no cesaron en los pasillos del Congreso respecto de que sucederá con el recambio de autoridades en las comisiones del Senado.
El dato clave para entender cuál sería la dinámica de la comisión de Asuntos Constitucionales es quien la presidiría. Se dudó acerca de si sería ocupada por un miembro del oficialismo o estaría al frente un opositor.
El senador Marcelo Fuentes de alto perfil kirchnerista es el actual titular de al comisión, pero el rumor de que sería desplazado por el salteño, Rodolfo Urtubey es muy fuerte.
No obstante estas puntualizaciones, la posición de Pichetto en octubre pasado, fue muy contundente si se trata de precisiones políticas, técnicas y jurídicas en ese sentido. Ya que la sentencia firme tendría que provenir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El rionegrino había expresado que prima «el principio de presunción de inocencia» y el «concepto de sentencia firme como cosa juzgada”.
Pichetto, además, había dicho que se trataba de una posición que “no diría que se trata de una doctrina en el senado. Pero si se sostuvo en muchas situaciones en las que se pidió un desafuero», adujo el senador de Rio Negro.
En el mismo sentido, se diferenció con la Cámara Baja en que el Senado tiene «una posición más legalista con más reconocimiento al voto de ciudadano».
La realidad le da la razón ya que Menem asumirá con varias causas en las que no tiene sentencia firme. Más allá de la condena que pesa sobre su persona pero que aún no tiene el carácter de sentencia firme.
Todo dependerá del ritmo que le imponga el futuro presidente a la comisión de asuntos constitucionales, que es el órgano colegiado en condiciones de tratar un pedido de desafuero solicitado por la justicia.
Si alguna posibilidad cabe, es preguntar acerca del porque la comisión quedaría en manos de un miembro de la oposición.
Tampoco es extraviado pensar que ante tanta voracidad por los espacios de parte del oficialismo, este especule con que el PJ pague los costos políticos si aplicara a Cristina la «doctrina Pichetto», evitando su desafuero.
El procedimiento
La ley 25.320 indica que, cuando hay un pedido de desafuero sobre un legislador, la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá 60 días para emitir dictamen y el pleno de la Cámara en cuestión contará con un total de 180 días para resolver la cuestión.
Esa comisión todavía no tiene presidente ni integrantes, porque el período de sesiones ordinarias terminó el 30 de noviembre y el cuerpo debe conformarse de acuerdo a la nueva composición del Senado, que empezará a regir el 10 de diciembre.
Si bien en el justicialismo esgrimen que esta falta de integración deja en suspenso el inicio del plazo previsto, la ley de fueros marca que los 180 días para resolver la cuestión empiezan cuando el mensaje del Poder Judicial es girada a la comisión, lo que ocurrió hoy.
«La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión», indica el artículo 2 de la ley 25.320.
