El Senado santafesino dio media sanción a la prohibición de cuidacoches
La iniciativa incorpora la actividad al Código de Convivencia provincial y habilita a municipios y fuerzas de seguridad a intervenir. Ahora deberá ser tratada en Diputados.
El Senado de Santa Fe aprobó este jueves 19 de marzo un proyecto de ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en todo el territorio provincial y la incorpora como contravención al Código de Convivencia. La iniciativa, impulsada por el senador Ciro Seisas, obtuvo media sanción y ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
En este sentido, el proyecto establece la incorporación de nuevos artículos a la Ley 10.703, lo que permitirá, por primera vez, que la policía y los municipios actúen de oficio ante la presencia de cuidacoches, así como también frente a actividades no autorizadas de guarda y lavado de vehículos.
De este modo, se busca dotar de herramientas legales a las autoridades para intervenir en una problemática extendida en distintas ciudades.
Asimismo, la iniciativa define sanciones que van desde trabajos comunitarios y restricciones de concurrencia a determinados lugares hasta arrestos de hasta 20 días en casos de reincidencia o cuando exista organización previa. En este sentido, las penas se agravan si la actividad se desarrolla en zonas bancarias, comerciales o durante eventos masivos.
Por otra parte, el proyecto contempla una alternativa para quienes actualmente ejercen esta actividad sin antecedentes ni vínculos delictivos. En esos casos, se prevé la posibilidad de acceder a instancias de capacitación e inserción en programas de empleo formal, mediante un trabajo articulado entre el sector público y privado.
En tanto, el senador Seisas destacó que la medida “no es una solución mágica”, pero sí una herramienta necesaria para comenzar a abordar un problema histórico.
Además, subrayó que la normativa permitirá a cada Municipio definir estrategias de control y actuar en conjunto con las fuerzas de seguridad, especialmente en zonas con mayor cantidad de denuncias.
El proyecto fue presentado en 2025 y con aportes del Ejecutivo y de Diputados abre una nueva etapa en el tratamiento de la problemática. Ahora, la Cámara baja deberá definir su aprobación definitiva, en un debate que busca equilibrar el orden en el espacio público con políticas de inclusión social.