Por: Alejandra Ojeda Garnero

Luego de las polémicas declaraciones del presidente Mauricio Macri sobre “la industria del juicio laboral”, no tardaron en llegar las respuestas. En primer término, el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, aseguró que la acusación que hizo ayer el presidente Mauricio Macri de conducir una mafia de abogados laboralistas es un intento de «domesticar al poder judicial» y sostuvo que el Presidente «actúa a veces como un patrón de estancia y no como Presidente». También advirtió que las declaraciones de Macri evidencian «el peligro de la falta de institucionalidad y la inseguridad jurídica». Por otra parte lamentó que para Macri «un mal juez es para él cuando no está de acuerdo con lo que quiere».

En el mismo sentido se expresaron Jorge Elizondo,  abogado laboralista y presidente de la Asociación  de abogados laboralistas  de Rosario y el ex juez de la Sala 1 de la Cámara Laboral de Rosario, Nicolás Vitantonio, en diálogo con Conclusión.

En relación a los dichos del presidente Mauricio Macri sobre los juicios laborales, Elizondo dijo que “son hechos muy graves, porque esto se une a la campaña que ha desarrollado el gobierno contra los jueces laborales, afectando la independencia de la Justicia y acusando a los jueces laborales que en la Capital Federal han ordenado la reincorporación de los trabajadores despedidos por razones políticas y gremiales”.

Al referirse a la persecución que inició este gobierno sobre todo, hacia quienes piensen distinto, el letrado  se refirió a “dos de ellos, el juez Luis Rafaghielli presidente de la Asociación de Magistrados Laborales de la República Argentina, que defiende los derechos de los magistrados  ha sido acusado ante el Consejo de la Magistratura, lo mismo ocurrió con la jueza Diana Cañal, que no sólo es jueza camarista de Capital sino docente de la UBA. Conjuntamente con Enrique Arias, también camarista de Buenos Aires y la Graciela Marino han sido acusados ante el Consejo de la magistratura porque declararon que el Estado, el Ministerio de Trabajo debía homologar el acuerdo de los bancarios con las empresas, es decir, con los grandes bancos”.

“Debido a eso, se inició ante el Consejo de la Magistratura una acusación tendiente a sacarlos, a eliminarlos, como están haciendo en todos los ámbitos, todo lo que molesta lo desplazan”, señaló Elizondo.

De todos modos aclaró que “si bien el Consejo de la Magistratura no es quién desplaza los jueces, si le puede iniciar el proceso de remoción para que después un jurado de enjuiciamiento, un juri, decida sobre su suerte”.

En cuanto al ataque directo del presidente hacia los abogados laboralistas, indicó que “lo que quiere el gobierno es jueces adictos a su ideología y a sus políticas y así se cierra el círculo, con las imputaciones contra Recalde que no son casuales, es decir enfilan contra Recalde no sólo porque es el presidente del bloque del Frente para la Victoria sino fundamentalmente por la trayectoria que tiene en defensa de los derechos de los trabajadores y por el hecho de que es un hombre que toda la vida se ha dedicado a la defensa de los derechos de los trabajadores, no le están pegando a cualquiera”, apuntó el letrado.

Por otra parte, advirtió que “obviamente que eso también está dirigido contra todos los abogados laboralistas y que estamos en la misma situación. Cuando nos tildan de mafiosos, nos está insultando a todos y lo hace a sabiendas, precisamente porque el proyecto que tiene este gobierno es el de precarizar aún más a los trabajadores y tratar de eliminar un derecho que para ellos es rígido, para ellos en realidad no debería existir la justicia laboral”, sentenció.

Además agregó que se trata de un plan que comenzó “primero con el ataque contra los sindicatos, más allá de las críticas que se le pueden hacer algunos dirigentes gremiales, indudablemente atacar a los sindicatos significa atacar a los trabajadores y su posibilidad de defenderse. Si los trabajadores quedan librados a su suerte y no hay quien defienda sus derechos colectivos y sus derechos individuales volvemos al siglo 19”, aseguró.

Por otra parte explicó que “si esto es así, esta precarización o esta re flexibilización, porque la otra ya la vivimos en los 90,  quieren hacer una nueva vuelta de tuerca para precarizar aún más a los trabajadores, porque necesitan una mano de obra barata y para eso se tiene que rebajar a la mitad, por lo menos o más de la mitad de lo que gana actualmente un trabajador argentino para poder competir”, señaló Elizondo.

En el mismo sentido indicó que “para ellos la competencia pasa por ahí, por bajar los sueldos ya para eso la medida que han adoptado hasta el momento fue acelerar el proceso de desocupación, es decir que crezca la desocupación y que crezcan los despidos, de esta manera cuando se llega una desocupación del 13 o 14 por ciento, no nos olvidemos que en los 90 llegamos a tener un 25, entonces ellos confían en que de esa manera el trabajador va a aceptar trabajar por mucho menos y a cualquier precio”.

En consecuencia las medidas en las negociaciones con los distintos sectores se tensan y “esto tiene que ver con el tema de la restricción a las paritarias, con colocarle un techo a las paritarias, tiene que ver con lo que pasa en Córdoba, con esta cuestión que no quieren negociar y no quieren aceptar un aumento que sea superior al 21 por ciento en el transporte porque eso significaría aumentar ese techo o perforar el techo que ellos quieren imponer”.

No sólo se ven afectados los distintos sectores de los trabajadores sino que “todo esto tiene que ver con la acción que está desarrollando este gobierno, de empobrecimiento general de la población y de reducción de los salarios, de debilitamiento de los derechos de los trabajadores, por eso es que ahora enfila contra los abogados laboralistas”.

En ese marco “nos solidarizamos con los jueces laborales perseguidos, con el doctor Recalde también estamos promoviendo y vamos a enviar firmas de adhesión al Consejo de la Magistratura de la Nación para que se abstengan de seguir persiguiendo a los jueces y para que se cierren esas causas”, remarcó.

En el mismo sentido agregó que “el discurso del señor Macri enfila contra todo lo que implica la defensa de los derechos de aquellos que están en la peor situación, de los explotados y aparte con los más vulgares argumentos que puedan concebirse, es decir este es un argumento que primero es mentira todo lo que dice. Y además nosotros sabemos que los resultados de los juicios laborales no están predeterminados ni mucho menos y que muchas veces se pierden. Hay un porcentaje de 50 y 50 entre los que se ganan y se pierden. Tampoco es tan fácil ganar juicios laborales, además que llevan muchos años”, explicó Elizondo.

En segundo lugar, aclaró que “si bien sabemos que hay caranchos, lo hemos combatido y esa actividad no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio del derecho laboral. La mayor parte de los caranchos en realidad no son laboralistas de profesión sino que en estos últimos años se han inclinado hacia ese esa rama porque en realidad vieron el telón de las ART, no de inventar sino de arreglar mal juicios laborales a veces sin que exista el juicio. Eso es otra cosa y se hace en combinación con gente de la ART, es decir que existe la complicidad de las propias ART en esos casos y esto no tiene nada que ver con el ejercicio legítimo de la profesión por parte de los abogados laboralistas”.

Por otra parte “es otra falsedad totalmente inaceptable que se diga que tenemos una especie de sociedad con jóvenes trabajadores para hacerse despedir, es una vulgaridad increíble y además lo que resulta muy grave, no sólo por las calumnias, no sólo por la imputación gratuita sino por la vulgaridad de las expresiones impropias de un presidente de la Nación que avergüenzan a nuestro país”, añadió.

“Otro tema que afecta este gobierno son sus amigos”, sentenció el abogado, y agregó que “  y que quieren ver aquellos asesinos de la dictadura en libertad y tienen compromisos con esa gente, porque se enriquecieron durante la dictadura, entonces todo tiene que ver con eso también”, dijo el presidente de los laboralistas.

En el mismo sentido llamó a que “no nos olvidemos que también son responsables de los asesinatos de varios abogados como el doctor Carlos Moreno, el cual ejercía en Olavarría en el territorio de la famosa Amalita de Fortabat, el colega fue asesinado por orden de la empresa”, acusó.

Del mismo modo agregó que el ataque a esta rama del derecho no es casual como tampoco lo fue en la dictadura donde “hubo trabajadores gremialistas que fueron víctimas pero también hubo una cantidad enorme de abogados, entre 120 y 130 en todo el país, fundamentalmente laboralistas y defensores de Derechos Humanos”.

En consecuencia, desde la Asociación de Magistrados Laboralistas “tenemos pensado una serie de acciones del colegio de magistrados para el 7 de julio que es el día del abogado laboralista en homenaje al doctor Norberto Centeno, autor de la Ley de Contrato de Trabajo asesinado por la dictadura militar entre el 7 y el 8 de julio de 1977 en la ciudad de Mar del Plata”.

Por su parte, el ex camarista de la Sala 1 de Rosario, Nicolás Jorge Rogelio Vitantonio manifestó en diálogo con Conclusión que “las declaraciones del presidente Macri me parecen de muy mal gusto”, además agregó que “más allá de la persona del diputado Recalde, es una clara intromisión de un poder en contra o en la facultad de otro”, y aclaró “aquí hay leyes vigentes y el presidente que ha hecho gala de la legalidad y de la institucionalidad debería saber y si no lo sabe se lo tendrían que haber dicho”.

“La verdad aparece como una cuestión de muy mal gusto y uno de los problemas que tenemos que aprender a superar en el país es lo que hace unos cuantos años dijo el filósofo del derecho Carlos Nino, este es un país al margen de la ley y si queremos empezar a crecer institucionalmente debemos aprender a respetar las instituciones y la legalidad, acá hay leyes vigentes y si hay alguien que no está de acuerdo lo que tiene que hacer es intentar cambiar las leyes, no salir públicamente a criticar a otro poder del Estado. Entonces desde esa óptica las declaraciones del presidente parecieron al menos desacertadas, porque se entromete en otro poder del Estado”, reflexionó el juez.

“El presidente de la república tiene todo el derecho constitucional de enviar al Congreso los proyectos de leyes que crea convenientes, para modificar el estatus quo institucional y legal, pero no salir en un acto público a decir las cosas que dijo, más allá del tema de la Industria del juicio que es otra cuestión aparte”, indicó Vitantonio.

En relación a su experiencia dijo que “tengo 42 años en el fuero laboral de Rosario, la cantidad de veces que se hablaron de la Industria del juicio son innumerables, pero lamentablemente nadie habla de la estructura empresarial que no cumple con las normas, y esto es una cara y una contracara de la misma realidad con dos versiones distintas”.

“Acá hay un incumplimiento importante de las normas de higiene y seguridad, hay una gran cantidad de trabajadores no registrados, que llega casi al 40 por ciento y de eso nadie habla. No niego que puede haber trabajadores inescrupulosos que lucran con eso, pero también hay que decir que hay empresarios inescrupulosos que lucran con la salud de los trabajadores. Esto se trata de la persona del trabajador y algo que me parece más importante que tiene que ver con la institucionalidad. La que protege al trabajador es la ley, porque el trabajador es hiposuficiente respecto del empleador, entonces si no estamos de acuerdo con el esquema legal cambiemos el esquema legal pero no critiquemos la institucionalidad”, remarcó.

En cuanto a las denuncias del poder Ejecutivo hacia jueces laborales Vitantonio dijo que “eso más que desacertado parece vergonzante. Que critiquemos a los jueces por sus sentencias me parece realmente lesivo al orden institucional, eso no merece el más mínimo análisis pero si el repudio de todos los sectores vinculados al quehacer legal que ya lo han criticado. Así que el Ministro de Trabajo porque no le guste una resolución de la Cámara nacional salga denunciar jueces me parece vergonzante”, sentenció.

Respecto si estas acusaciones y manifestaciones de Macri están encaminadas para allanar futuros cambios en la legislación laboral, señaló que “no estoy en condiciones, ni me siento capacitado para hacer una reflexión o por lo menos un análisis crítico de las políticas en general del gobierno y en particular de los aspectos laborales. Lo que sí advierto es que aquí más allá del discurso, no hay políticas de empleo activas y hay una clara tendencia a una etapa de la historia argentina, sobre todo de los años 90 que los que tenemos alguna edad ya la vivimos, esto no es nuevo, es decir lamentablemente nuestro país en un montón de temas sigue moviéndose a episodios espasmódicos y vamos para un lado y para el otro sin lograr determinar una política laboral que realmente proteja la persona del trabajador”.

No es la primera vez que sucede en Argentina, pero “mientras tanto esta película ya la vimos. Ha venido un ajuste importante y las instituciones sabrán qué respuesta darle.  Si es o no intencionalidad aviesa del gobierno de hacerlo para flexibilizar la política de las normas laborales, en este momento no estoy en condiciones de decirlo y aparece como prematuro, todo parecería encaminarse o direccionarse hacia ese objetivo, veremos cómo evoluciona la cosa y cómo responde la institucionalidad vinculada a la al quehacer laboral”.

La sociedad tiene que escuchar las versiones de ambas partes “normalmente por mi experiencia de 25 años como juez debo decir que las estructuras institucionales de la Justicia, la presidencia de la Cámara, el Colegio de Magistrados, la misma Corte en el caso provincial son reacios a responder, porque siempre los debates públicos con el periodismo resultan demasiado conflictivos. El juez no tiene un micrófono abierto permanentemente para estar respondiendo al poder político, pero sí creo que dada la virulencia que están tomando las declaraciones del poder político nacional en las estructuras institucionales de la justicia, van a tener que fijar una posición para que la comunidad pueda conocer las dos campanas, porque acá pareciera que el trabajador es el malo de la película y acá se habla de la industria del juicio a partir de la presión que empezaron hacer las Administradoras del Riesgo de Trabajo (ART), pero hay cosas que no se dicen que son empresas de lucro que su balance financiero dan superávit, aunque su reserva legal para el juicio dan quebranto y una serie de temas que habría que esclarecer y que habitualmente los medios de comunicación le dan más espacio a la noticia impactante que a la problemática real”, reflexionó Vitantonio.

Algunos datos que reflejan la realidad de los fueros laborales hablan por sí solos, “el año pasado (2016) entraron en el fuero laboral de Rosario 32.000 causas, de las cuales el 50 por ciento tuvieron que ver con reclamos de accidentes de trabajo. Pero acá hay un dato que hay que tener en cuenta, que no se dicen y que la comunidad debe saber. Acá se hacen muchos acuerdos espontáneos, viene la ART con el cheque y paga y son casos que no llegan a juicio esto es como el delito de cohecho, hay uno que quiere coimear pero hay otro que paga la coima y son casos que no llegan a juicio porque se presentan espontáneamente a la justicia para homologar el acuerdo”.

En este sentido “los jueces se han puesto duros con ese tema. Hace tres o cuatro años atrás el Colegio de abogado generó toda una movida contra los jueces que querían hacer cumplir la ley porque acá venían con un certificado, sin certificar la firma de los médicos, a querer arreglar haciendo un reclamo con el cheque de la ART en la mano, es decir que es todo un circuito que hay que esclarecer y siempre se le echa la culpa a los trabajadores. Esto merecería un debate claro, serio y que explicite cuál es la realidad. Es fácil decir la industria del juicio, pero la otra cara nadie la dice. Nadie dice que las empresas, en general industriales por decir de alguna manera, hace muchos años que no invierten en seguridad y hay máquinas que tienen más de 30 o 40 años de antigüedad y que siguen manejando los trabajadores a costa de su propia salud y accidentarse, y de eso nadie habla”, precisó el camarista.

Al respecto señaló que “la gente a lo mejor olvidó que la actual ley de riesgo de trabajo, con las dos reformas que tuvo, el texto original ley, el diseño de este sistema fue en el apogeo del gobierno del presidente Menem y del ministro Cavallo. Aquel gobierno del que nadie duda que tuvo una tendencia claramente neoliberal, fue quien diseñó esta ley. Ahora paradójicamente un gobierno de similar factura política o por lo menos de tendencia hacia eso se está quejando de la ley, entonces todo parece como un contrasentido”, concluyó el camarista.