En solo diez meses, desde que renovó el registro nacional de encuestadoras, el Gobierno gastó $31.454.178 en 33 sondeos de opinión. La Jefatura de Gabinete, que maneja Marcos Peña, fue el área que más demandó mediciones, aunque también aparecen en el listado el Ministerio de Educación, el de Justicia y hasta la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otros ministerios y organismos públicos.

Isonomía es la encuestadora que más fondos recibió. Por 11 sondeos cobró $15.668.590. La consultora es la preferida del Gobierno y desde que Cambiemos llegó a la Casa Rosada tuvo un fuerte crecimiento en su estructura y su cartera de clientes. Isonomía es la misma consultora que en el último tiempo logró cierta fama luego de que se filtrara un sondeo suyo elaborado para el exterior que hizo temblar a los mercados. Esa encuesta mostraba a Mauricio Macri perdiendo en un supuesto balotaje contra Cristina Kirchner por 9 puntos de diferencia. La semana pasada una nueva encuesta de Isonomía achicó la diferencia: ahora los distancian 4 puntos.

En el segundo lugar de las consultoras que más fondos oficiales reciben aparece Ágora Asuntos públicos. Por dos encuestas recibió $3.131.431. Desde el Gobierno aseguraron que Ágora está realizando un estudio completo sobre juventud que será publicado a la brevedad. En tercer lugar quedó MFG Consultores que por dos estudios de opinión cobró $3.126.000.

Los datos sobre los pagos del Gobierno a las consultoras son oficiales. Se desprenden del portal que centraliza las contrataciones del Estado y que depende de la Secretaría de Modernización.

Hay más empresas que recibieron fondos públicos. Evangelina Carina Pérez Aramburu facturó $2.849.664 por armar seis focus group de dos horas de duración en grupos de ocho personas. Aunque no es de las más conocidas en el mundo de las encuestadoras, es clave en el universo Cambiemos. Pérez Aramburu es quien realiza los focus group sobre los que suele hacer análisis cualitativos el consultor preferido del Gobierno Jaime Durán Barba y su socio el sociólogo español Roberto Zapata, experto en la materia y a quien el ecuatoriano suele llamar “doc” por su profesionalismo y expertise.

AW Grupo Estratégico de Negocios recibió $2.775.000 por tres focus group con análisis de las entrevistas. Aresco, la consultora de Julio Aurelio embolsó $2.179.419 por realizar trece encuestas telefónicas en Capital, el Conurbano y el interior del país. En el último lugar aparece Demos Consulting que facturó $1.394.070 por siete encuestas telefónicas. La semana pasada se difundió un estudio de esta consultora que daba a Macri ganando por dos puntos en un eventual balotaje. El estudio fue festejado por el Gobierno y se filtró justo después de que se conociera la encuesta de Isonomía.

Según la normativa, los estudios que el Gobierno encarga no deberían tener componentes electorales aunque lo cierto es que muchas de las encuestadoras que son contratadas desde el Estado también realizan sondeos sobre imagen e intención de votos para Cambiemos, entre otros partidos y candidatos. En el Gobierno aseguran que todos los encargos son para conocer y evaluar temas puntuales de gestión, que no incluyen temas partidarios y que las encuestas electorales son ordenadas y pagadas por Cambiemos y no por el Estado. “En los balances de Cambiemos figuran los gastos en sondeos”, explican en el oficialismo.

El 25 de julio 2017, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un listado de catorce consultoras que quedaron inscriptas dentro de un Acuerdo Marco para la contratación de estudios de opinión pública. Un año más tarde, hace nueve meses, ese acuerdo se renovó con las mismas compañías. De las 14 habilitadas, hasta ahora el Gobierno solo contrató a la mitad. Las otras, hasta ahora, no fueron tenidas en cuenta para realizar encuestas o estudios de opinión. Entre las que quedaron afuera figuran Poliarquía, Tres Punto Zero, Universidad de Tres de Febrero, Ipsos, Voices Research & Consultancy, Green Consult e Inversora Borocca.

El área que maneja las encuestas oficiales es la Unidad de Opinión Pública que está a cargo de Mora Jozami. Fue creada en 2018 y depende del jefe de Gabinete. En la Unidad defienden el registro de encuestadoras y dicen que tener un listado de compañías habilitadas para contratar evita que haya cartelización ya que quienes ingresan en el Acuerdo Macro tienen precios prefijados y no pueden ofertar por montos superiores a los del registro. Aunque según los documentos públicos están habilitadas a modificar sus precios cada tres meses. La inflación también golpea en el sector.

Las encuestadoras que más fondos recibieron

  • Isonomía: $15.668.590
  • Ágora Consultores: $ 3.131.431
  • MFG Consultores: $3.126.000
  • Evangelina Pérez Aramburu: $2.849.664
  • AW Grupo Estratégico: $2.775.000
  • Julio Aurelio: $2.179.419
  • Demos Consulting: $1.394.070

Fuente: Clarín