Enviado especial a Buenos Aires – El proyecto de la nueva ley de comunicaciones convergentes, tuvo este miércoles una nueva instancia de debate en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, que preside Juan Brugge (Córdoba Federal), con la presencia de la titular del Enacom, Silvana Giudici, y el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), Héctor Huici. La iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Cámara alta.

La normativa que se intenta aprobar fue impulsada por el Ejecutivo nacional y promueve la eliminación de barreras para que se pueda extender la infraestructura de redes y compartir la pasiva. Propender a una mejor y más amplia conectividad móvil y mejorar la competitividad de la TV por suscripción.

En la misma línea como elemento dinamizador del sistema se apunta en el proyecto a la promoción de Pymes y cooperativas.

Silvana Giudici explicó los alcances de su gestión al frente al Enacom y subrayó que entre el período 2018 y 2020 se prevé “incrementar en 2 millones las actuales conexiones de Internet”, como también “alcanzar los 20 megas como velocidad promedio y una cobertura de 4G que llegue al 100%”.

Por su parte, Huici sostuvo que con el proyecto de “ley corta” de telecomunicaciones “vamos a promover inversiones, favorecer la competencia y mejorar la calidad y los precios de los servicios” y centró su mirada en la atribución del espectro radioeléctrico que promueve la nueva norma.

“La perspectiva que tenemos es alcanzar los 950 MHZ en el año 2020”, apuntó el funcionario, al tiempo que argumentó que el uso de la reserva del espectro radioeléctrico que estaba previsto para ARSAT en su creación, “está en función de eliminar las barreras regulatorias que generan asimetrías y limitan la competencia”.

En este punto, la norma fue objeto de críticas de parte de distintos bloques, ya que el diputado Sergio Ziliotto (Justicialista), cuestionó “no estar debatiendo una nueva ley integral” y evaluó que “este debate se da desde una mirada coyuntural, sesgada y para zanjar meros compromisos empresariales” y agregó que la asignación del espacio radioeléctrico “es un tema preocupante”, porque “es parte del patrimonio nacional y no debería estar a merced de los intereses del mercado, porque el estado abandona su rol social”.

En el mismo sentido, el diputado Pablo Carro (FpV-PJ), denunció que “este proyecto regula negocios y no derechos y se centra en el fomento de una competencia que no existe, dado que opera en una realidad monopólica”.

Por su parte, José Ramón (Bloque Protectora), cuestionó “la protección de los intereses económicos y la no protección a los usuarios de la defensa de la competencia”.

“El Estado está allí donde debe estar, pero no puede estar en todos lados. La inteligencia es obligar al mercado para que genere políticas de competencia, y para eso necesitamos esta ley”, contestó Giudici a los legisladores.

Otro de los aspectos que se destacaron apuntaron a “la apertura de la TV satelital con un cronograma a partir del 1 de julio de 2020; la oferta de OMV; salvaguardas para TV paga en localidades de menos 100 mil habitantes; y la comercialización de programas y señales en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias”.

La ley denominada como “ley corta” permitirá que las compañías telefónicas puedan insertarse en el mercado del cuádruple play y se establece que estas empresas podrán dar servicios de radiodifusión paga por satélite en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario a partir de 2020; mientras que en el interior del país será en 2021 y en las localidades con menos de 100 mil habitantes en 2022.