En una medida propia de una estado militar, sin que los trabajadores hayan sido notificados legalmente, es la fuerza federal la que desaloja a los empleados del Ente Nacional de Comunicaciones.
En una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones autorizó a operar en el país a tres empresas que brindan servicio de internet satelital. Se trata de Kuiper, OneWEB y Starlink .
El secretario general de la organización gremial, Rodolfo Aguiar, señaló que la medida del Gobierno “ataca el rol esencial de garantizar la pluralidad de voces, inclusión digital y el acceso a la información de todos los sectores sociales”.
A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, designaron a Juan Martín Ozores como interventor del Enacom, y a Patricia Roldán y Alejandro Pereyra como interventores adjuntos.
Las emisoras cabeceras serán LS 82 TV CANAL 7 de Buenos Aires y LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires.
La licitación, a cargo del Enacom, se realizará durante la mañana de este martes, mientras que la empresa ganadora será anunciada por la tarde. Lo recaudado se destinaría al Tesoro para fortalecer las reservas.
Se distribuyeron los espacios correspondientes a 2.751 medios de todo el país; de los cuales 2.453 pertenecen a radios AM y FM y 298 a servicios de TV.
Se trata de una iniciativa, en la que se viene trabajando desde la pandemia, que tiene por objetivo reducir la brecha digital y promover la inserción e integración social de la información y las comunicaciones.
El Ente Nacional de Comunicaciones indicó que la medida se tomó "evaluando el contexto económico y las dificultades que atraviesan todos los actores involucrados".
La Justicia ordenó a los proveedores de acceso a internet registrados ante el ENACOM que bloqueen el acceso en el territorio argentino a sitios web donde se violaron derechos de propiedad intelectual.
Desde el 21 de octubre del 2022 los usuarios de este servicio podrán cambiar de prestador o compañía y conservar su número.
La legisladora provincial instó a focalizar el debate "en la corruptela que funciona dentro de las cárceles" y no tanto "en los medios técnicos de los que se dispone".