Apenas horas separan a la sociedad argentina de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) y la controversia en torno a la transmisión de datos de cara al escrutinio provisorio, con la empresa venezolana Smartmatic en el foco de las críticas, no baja el tono.
La jueza con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría.
En medio de la polémica, la jueza federal con competencia electoral María Servini designó veedores judiciales para controlar la transmisión de los resultados de las primarias y decidió no tratar el amparo que presentó el Frente de Todos para apartar a la firma Smartmatic.
El frente opositor que encabeza Alberto Fernández había presentado un amparo para solicitar que la empresa encargada de la transmisión de los datos del escrutinio sea apartada del proceso electoral, pero la magistrada decidió no tratarlo y, en cambio, optó por designar veedores judiciales (personal de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación).
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Para conocer en profundidad la fase digital del proceso de fiscalización, comprender cabalmente el planteo de la oposición (no sólo del Frente de Todos) y los riesgos reales de fraguar los resultados de los comicios, Conclusión consultó al abogado especialista en derecho informático, Rodrigo Iglesias, quien aseguró que si bien «la posibilidad de fraude es tendiente a 0», se pueden generar problemas relativos a una erosión de la legitimidad del escrutinio provisorio, hasta doce días después cuando se conozca el definitivo.
«Desde la década del 90, se contrataba a la empresa española Indra para realizar la transmisión digital durante el conteo de las elecciones. En 2017, el Gobierno tuvo algunos inconvenientes y ahora eligieron a la más barata, que es Smartmatic, en una contratación que si bien no fue directa, tampoco respetó el procedimiento administrativo, ya que no hubo licitación y el Correo Argentino, en su potestad como empresa estatal, eligió a la firma venezolana. Cuando en medios de comunicación dicen que el gobierno de (Nicolás) Maduro en Venezuela es inconstitucional, por fraguar una elección, esa elección la hizo Smartmatic. También tuvo problemas, por ejemplo, en Filipinas, fueron procesados porque el sistema de transmisión anduvo bastante mal, reconocido por los directivos, que están prófugos en Estados Unidos», detalló el experto, que presenció dos de las pruebas previas realizadas al sistema.
«Hasta ahí se entiende, no tiene todos los papeles en regla, esta ‘medio medio’, pero quizás anda bien. No. Tenemos un problema de costos, de desarrollo, de implementación, pero también de funcionamiento. Se hicieron dos pruebas de las cuales una salió muy mal y otra mal, se probó a ver si funcionaba cuando tendría que haber sido directamente ya una transmisión. Para ejemplificar: estás mandando en ruta 2, en pleno recambio de temporada, a un auto a ver si tiene bien los frenos o anda la primera. No funciona así, lo sabe cualquier programador. No se manda hasta que no esté testeado todo», amplió Iglesias.
Funcionarios nacionales asegurando la «transparencia» del escrutinio, en conferencia.
Respecto a ese proceso, especificó que «provoca que cada escuela no se pueda comunicar con este centro de cómputos. El cambio fundamental que hay entre 2017 y 2019 es que cada escuela va a enviar ese telegrama al centro de cómputos. Hasta 2017, cada telegrama de cada colegio se enviaba a un centro de digitalización y transmisión, y desde ahí se transmitían todos esos telegramas hacia el centro de cómputos. Ahora cada escuela tiene una netbook, con una impresora multifunción donde escanean el telegrama y lo envían al centro de cómputos, es decir, hay 11 mil máquinas así porque hay 11 mil colegios».
«Primeramente tienen que explicar, a toda la población, por qué gastaron 300 dólares en (cada) una impresora multifunción con escáner, cuando simplemente necesitaban escáner. Qué van a imprimir», cuestionó el letrado.
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«La responsabilidad del escrutinio provisorio está en manos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Uno dice bueno, está bien, el provisorio no tiene validez legal en torno a quien va a asumir, pero para el definitivo pueden pasar 12 días, y en ese lapso todos los medios y la población sabe que ganó el Partido A, eso se llama legitimidad, no te da sólo el resultado ganador sino que te va a dejar tranquila a la población y decisiones económicas, etcétera, de que ganó ese partido. Si eso no pasa, hay 48 horas para que el responsable del partido opositor haga la denuncia correspondiente, si no la realiza se da como válida, inicia el escrutinio definitivo y sea lo que sea te prescribió la acción. En general, una vez terminado el provisorio, cuando estuvo también el definitivo, el resultado no cambió. Sí los porcentuales», se explayó el especialista en derecho informático.
Código fuente vedado
El otro gran punto de conflicto, respecto al sistema de transmisión de datos, tiene que ver con la negativa, al menos hasta la noche de este viernes, del código fuente del software que se utilizará para ese proceso.
Por ejemplo, en Santa Fe (junto a Córdoba tienen un sistema de transmisión de datos de desarrollo estatal a través de las universidades), tanto Cambiemos como el Frente Juntos (peronismo) reclamaron al Frente Progresista por ese código, que fue entregado en papel y una sola copia. A nivel nacional, la misma fuerza que reclama en la provincia negó esa posibilidad, también al peronismo y el resto de la oposición.
«La entrega del código debió efectuarse 30 días antes de la elección. Si no te dan el código no podés saber como va a ser el escrutinio. La Cámara Nacional Electoral habilitó que haya fiscales donde se realiza la manipulación de telegramas. El tema es que vimos que el archivo, de formato TIFF, es convertido a PDF, y sabemos que tiene 46 problemas de seguridad leyendo meta-datos (no visibles sin un software para ver su versión donde se esta imprimiendo, son los datos que acompañan). Esos problemas pueden modificar el resultado? No necesariamente, sino que ese telegrama puede llegar blanco o borroneado. Pasa a ser ilegible. Entonces el escrutinio definitivo va a tener que abrir la urna, constatar y contabilizarlo, pero para el provisorio esa cantidad de telegramas no van a entrar», añadió Iglesias.
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El experto sostuvo que se genera así «otro problema más: vas a necesitar el doble de fiscales, porque no confiás en el sistema informático, no sabes ni como funciona ni que tiene, sólo que que hay archivo con 46 problemas de seguridad conocidos y puede haber más. No se si es endeble o robusto el sistema porque no se qué sistema se va a usar. Cuando vos iniciás la netbook para las transferencias, se actualiza por default (o sea puede detener el proceso), y al hacerlo no sabés que cargó y si está bien. Si en verdad se va a actualizar con ese servidor, del día anterior u otro y no tenés forma de auditarlo ni de saber qué software se va a usar ahora o en las generales o en balotaje. Imagínate si esto lo hacemos con voto electrónico.»
No obstante, el abogado aclaró que «hay que hacer una salvedad». «¿Es factible que haya problemas con el resultado, llámese fraude? No. Sí problemas de transmisión de datos y chicanas miles, pero algo muy bueno de nuestro sistema electoral, una ventaja, es el doble control. Si hay fiscales en todas las mesas que lo hagan 100%, tengan control de actas, que las estén llevando en visualización del centro de cómputos y luego en el definitivo se corrobora que no hay ninguna discrepancia, bueno el fraude es tendiente a 0. Se podría mejorar, hacer más visible a menor costo, y no sufrir una transmisión informática tan oscura, vapuleada y perder legitimidad en el principal acto de la democracia», clarificó Iglesias.
Por último, el especialista en derecho informático afirmó que, como se encargó de recalcar la Cámara Nacional Electoral, la responsabilidad del escrutinio provisorio es del Poder Ejecutivo Nacional, y que recae en funcionarios públicos la responsabilidad legal y penal por delitos por omisión que puedan existir, por ejemplo, por no presentar el código fuente treinta días antes, que también puede tipificarse como mal desempeño de funcionario público.
«Esto sería una de las pocas veces, si no la primera, (más allá de los manejos de Julio Alak, ex ministro de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner, donde no publicaban resultados y demás), pero si funciona mal no recuerdo un problema de un funcionario público por unas elecciones, a nivel nacional, tras la recuperación democrática al menos», concluyó.
