Por Manuel Parola

La Ley Ómnibus construye sus propios frentes de batalla conforme pasan los días de cara a la sesión parlamentaria para su tratamiento. A las idas y vueltas del «dictamen blue» denunciado por los diputados opositores se le suman los señalamientos de los gobernadores, los cuales apuntaron las diferentes formas en las cuales los artículos del proyecto dañan el entramado productivo de los distritos. Suba de retenciones, cambios en los regímenes de minería y energía, reforma de la estructura fiscal y económica del mercado yerbatero, entre otros aspectos hicieron que los jefes provinciales se pusieran en pie de guerra contra el primer presidente libertario de la historia.

Las amenazas de Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, sólo hicieron que los pocos gobernadores que todavía miraban con cierta templanza al presidente pasaran a poner los tapones de punta contra un megaproyecto que ataca de forma directa las estructuras económicas de las provincias.

El pasado miércoles 24 de enero Caputo publicó en su cuenta oficial de X que mantuvo «una reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado». A las pocas horas, el ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, habría confirmado las violentas palabras del presidente contra los gobernadores reacios a votar a libro cerrado la Ley Ómnibus, a los dichos de «los voy a dejar sin un peso».

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Las negociaciones de Guillermo Francos con los jefes distritales hicieron que estos últimos pudieran llegar a una serie de acuerdos con el gobierno nacional. Por caso, el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro había tenido al menos tres reuniones con ministros nacionales, de las cuales regresó a territorio provincial con el augurio de la efectiva eliminación del capítulo del proyecto que desregulaba el mercado del biodiesel (industria que tiene su meca en Santa Fe y da trabajo de forma directa e indirecta a 120 mil personas) y del paso atrás con la colocación de retenciones al maíz pisingallo. Pero los incumplimientos y las  filtración de las amenazas oficialistas rompieron todo puente que Francos había tendido.

El gobernador de Córboda, Martín Llaryora, afirmó este viernes por la mañana que los diputados del oficialismo cordobés no acompañarán ninguna suba de retenciones, del mismo modo que votarán en contra de los cambios previsionales y las diferentes privatizaciones de las empresas estatales que el dictamen señala, como YPF, el Banco Nación, Arsat y Fadea.

«Hay artículos que son invotables, que tienen una visión totalmente unitaria de la Argentina y que no tienen ninguna consideración del interior de la Patria”, fustigó Llaryora y añadió que “No tienen ni idea de lo que cuesta exportar un producto desde el interior de Argentina y le pusieron el 15% a todo, no importa la distancia, ni la competitividad, ni el empleo que genera”.

Además, señaló que “Argentina es un país federal y podemos producir el triple, pero si no hay un plan productivo eso no va a pasar. El problema es que tampoco hay plan fiscal que cierre si volvemos a cometer los mismos errores y a castigar la producción, y a colocar impuestos que les cierran los mercados a nuestras exportaciones”, en referencia a las retenciones a los productos industriales. Las expresiones del cordobés llaman la atención debido a la cercanía casi obsecuente que había demostrado el gobernador con la gestión libertaria.

Por su lado, el gobernador Pullaro señaló a la prensa que las amenazas de Milei van dirigidas hacia su gobierno y a su persona: «Nos habla a nosotros. Me angustia que desde el Gobierno se pretenda quebrar una decisión y subordinarnos con la billetera». No obstante, el hughense contestó: «Vamos a defender la producción de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria».

«Me manejo por principios, ideas y valores. No me manejo ni reacciono a presiones», sostuvo el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, quien definió que «está claro que el Gobierno de Milei dilata muchas decisiones en función de la aprobación o no de la ley ‘Bases’. El proyecto tiene muchas cuestiones que impactan de manera negativa. Haremos todo nuestro esfuerzo para evitar que avancen. No vamos a respaldar las cuestiones que pongan en riesgo las fuentes de trabajo».

En este sentido, Frigerio exigió el pago de los fondos adeudados por el Estado nacional a su provincia: «Pasaron 40 días más o menos desde que asumimos y hasta ahora el Gobierno nacional no ha transferido prácticamente ningún peso a la provincia».
Subiendo el tono de las contestaciones, los gobernadores de Alberto Weretilneck (Rio Negro) y Ignacio Torres (Chubut) fueron más ásperos en sus referenciaciones y se expresaron tajantemente en contra del proyecto que el lobbysta Federico Sturzenegger busca inflar en su volumen político de cara a la sesión del martes que viene.

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«Los gobiernos provinciales garantizamos servicios esenciales como la seguridad, la salud y la educación. Es una falacia decir que las provincias somos responsables del déficit fiscal de la Argentina. Nosotros no somos responsables. Recibir este tipo de agravios del Gobierno Central es muy triste y molesto. Desde el interior no vamos a aceptar ningún tipo de apriete: vamos a defender a Río Negro y a las provincias patagónicas», publicó Weretilneck en su cuenta oficial de X. El rionegrino apuntó que la Patagonia produce más del 90% del gas y el petróleo del país y genera un cuarto de la energía eléctrica: «Dejen de amenazar y convoquen al diálogo. Dejen de apretar y busquen acuerdos grandes para avanzar como sociedad. Dejen de lado la confrontación y busquen consensos. Saquen de su cabeza vernos de rodillas«.

En este mismo sentido, Torres redobló la apuesta de Caputo y Milei y exclamó en una aparición pública que “es la Nación la que nos debe a nosotros, es la Nación la que tiene que rendir cuentas con las provincias que venimos aportando más de 300 mil millones de dólares hace más de 100 años». El gobernador sostuvo que desde la provincia apoyarán la desregulación y la desburocratización del Estado, pero «no acompañaremos medidas que perjudiquen al sector productivo y a quienes aportaron toda su vida para tener una vejez digna. Por esa razón, votaremos en contra del capítulo de las retenciones» y también «vamos a oponernos al congelamiento de las jubilaciones sin una fórmula de actualización que cuide a nuestros jubilados de la inflación».

“Le digo al Presidente de la Nación que no tire mas de la soga”, dijo el chubutense y contestó directamente las expresiones del presidente Mieli: «Nostoros no lo amenazamos con cortar la llave del gas. Nosotros producimos, generamos. De cada 100 que aportamos recibimos apenas 40 y nos tenemos que bancar que nuestras rutas nacionales estan hechas un desastre. Que nuestros puertos de aguas profundos por donde salen nuestros recursos, por donde salen nuestras divisas. Y encima nos vienen a decir que si no acompañamos no vamos a ver un peso. Vamos a acompañar todo lo que sea bueno y a rechazar todo lo que sea malo para nuestra provincia y todo lo que sea malo para los intereses nacionales»,concluyó el gobernador.