Insisten en que se apruebe la Ley de Emergencia en Discapacidad: “La necesitamos con urgencia”

Transportistas y representantes de diferentes instituciones profesionales que trabajan con personas con discapacidad realizaron este martes una concentración en Córdoba y Oroño para exigir que se trate la ley que busca declarar la emergencia en el sector.

La manifestación estuvo encabezada por la Asociación de Transportes Especiales de la Provincia de Santa Fe (Atraes) y la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), que reclamaron que el proyecto de ley sea tratado cuanto antes en el Congreso.

“Elegimos este día para reunirnos aquí y poder concientizar, necesitamos con urgencia una ley que proteja al sector de discapacidad, que está tremendamente postergado”, advirtió Mariel Chapero, presidenta de Apridis, en declaraciones a Conclusión.

Según repasó Chapero, la Cámara de Diputados tenía decidido emplazar esta semana a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para dar tratamiento al proyecto y conseguir dictamen -algo que ya obtuvo en las comisiones de Discapacidad y Salud-, pero la muerte del Papa Francisco y el consecuente duelo decretado a nivel nacional postergaron este proceso.

“Se postergó para la próxima semana, pero el reclamo es el mismo: que se pueda considerar la situación del sector y que esta ley, que contempla diferentes puntos y sobre todo las aristas más graves de la crisis, pueda ser aprobada”, indicó la titular de Apridis.

Al momento de identificar parte de los diferentes puntos que aborda el proyecto, Chapero hizo foco en “el enorme desfasaje arancelario” que existe actualmente, “las grandes deudas que tienen las instituciones y los prestadores en general, que los han puesto al borde de la quiebra” y las auditorías que se están llevando a cabo sobre las pensiones a las personas con discapacidad, donde no se contemplan las situaciones particulares ni se presenta una flexibilidad tendiente a hacer todo lo posible para que se mantenga.

“Por ahí pierden su pensión porque no recibieron la carta documento porque se mudaron o no tienen los estudios actualizados porque hay veces que existe una demora de meses para renovarlos. Es decir, queremos que esas situaciones se puedan considerar para que las personas no pierdan su pensión. Además, buscamos que los trabajadores de los talleres protegidos, que cobran 28 mil pesos por mes por 20 horas semanales de trabajo, puedan tener un aumento en su salario. Es inhumano cobrar eso”, acentuó.