Por Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó la etapa de producción de la prueba en el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de la Nación con la declaración de testigos convocados. En el inicio de la jornada, los legisladores de Juntos por el Cambio se retiraron de la reunión.
En la reunión de este jueves declararon los jueces federales Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (La Plata), en lo que fue la primera jornada de audiencias testimoniales por el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes se investiga por mal desempeño.
“Comenzamos la etapa de producción de la prueba. En el día de la fecha van a ser librados los oficios todos, excepto los que van dirigidos a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y tienen que ver con cruce de llamadas, para lo cual vamos a requerir la autorización del juez para llevar adelante esa prueba informativa”, señaló la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard, al iniciar la reunión.
La diputada remarcó que se le dio prioridad a la preservación del procedimiento para “llevar adelante la producción de prueba con todas las garantías y que esto sea claro, transparente y tenga la objetividad y la publicidad de cada uno de los actos”.
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En ese sentido, la entrerriana destacó que los jueces de la Corte Suprema, Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, “han sido notificados de la declaración de admisibilidad y también de que tienen la posibilidad de acceder en todo momento al expediente”.
En tanto, apenas comenzada la jornada, el vicepresidente de la comisión, el diputado de la Coalición Cívica-ARI Juan Manuel López, leyó un escrito firmado por los legisladores de la oposición que integran ese cuerpo y señaló que “hay una serie de irregularidades que se sigue manteniendo” en el proceso.
“Advertimos que la Comisión no sólo ha cometido severas irregularidades, sino que además ha avanzado ilegalmente en el marco de la etapa probatoria”, indica el texto en cuestión. Y agregó: “La Comisión está llevando adelante un proceso penal paralelo”. Acto seguido, López indicó: “Ahora vamos a levantarnos para poder contar a la sociedad más sobre lo que venimos a denunciar acá”.
Mientras tomó la palabra el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, el santafesino Germán Martínez, los legisladores de Juntos por el Cambio se fueron de la reunión.
“Las cosas que planteó el diputado López llegan tarde en varios sentidos y se anticipan en otros, por lo tanto, me parece que todavía seguimos sin entender que a lo largo de este proceso de juicio político dimos determinados pasos, siguiendo a rajatabla lo que dice el reglamento de la comisión. Llamativamente ninguno de los elementos que recién se dijeron se hicieron constar en ninguna moción ni en ningún posicionamiento”, cuestionó Martínez, mientras sus pares abandonaban el salón.
¿Qué dijeron los jueces citados a declarar?
En el inicio de la declaración de Sebastián Ramos, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade le consultó al juez federal cómo explica en términos jurídicos el concepto de ‘filtración’ de datos, en relación a los chats entre el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Silvio D’Alessandro, con el secretario de Rosatti, Silvio Robles.
Al respecto, Ramos pidió que se lo dispense de declarar sobre puntos que ya están definidos en la resolución escrita de la causa, y reiteró en más de una oportunidad: “No me voy a mover ni una palabra de la resolución, porque no solamente me perjudica en lo personal, sino que también puede perjudicar el derecho de defensa a los involucrados en la causa”.
“Puedo aclarar que la frase a la que hace mención en la resolución está establecida de forma textual al argumento que el Ministerio Público de la Acusación utilizó en su fundamentación de ese sumario”, dijo el magistrado, quien archivó la causa que investigaba una relación entre D’Alessandro y Robles, argumentando que los mismos se habían publicado de forma ilegal.
En otro pasaje de su declaración, Ramos sostuvo que “la violación a la intimidad puede ser llevada a cabo por actividad propiamente estatal o privada. Así se podría ver afectado la garantía de un particular, sea o no funcionario público”.
El magistrado señaló que “dictar el archivo” de la causa “fue una medida urgente”, y aclaró que “en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba”, como el allanamiento de un teléfono celular.
Al finalizar su declaración, Ramos negó tener algún tipo de relación y conocimiento con Robles y D’Alessandro.
Tailhade, en tanto, denunció en declaraciones a la prensa que “se filtraron chats entre D’Alessandro y Ramos, quien acabó de dar testimonio y negó cualquier tipo de vínculo y trato con D’Alessandro”.
Preguntado por Conclusión sobre cierta “animosidad” en las declaraciones del juez Ramos, Tailhade indicó: “Me parece que no hubo sinceridad, por lo menos cuando dijo que no tenía ningún vínculo con D’Alessandro. Yo creo que los chats son ciertos”.
Y agregó: “En ningún lado de la causa se puso en discusión la verosimilitud de esos chats, lo que se discute es si son válidos para usarse como prueba en un juicio penal o político, pero nadie salió a decir que están adulterados”.
Después de dos horas del inicio de la reunión, llegó el turno del juez federal Ramos Padilla –que intervino en una denuncia por espionaje ilegal, pero presentada ante el fuero federal platense por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof– quien manifestó que “si lo que van a discutir acá es la utilización o no de las escuchas en un proceso de juicio político, quiero recordar que lo hicieron durante tres años conmigo mientras llevaba varias causas”.
Sobre la utilización de las escuchas ilegales como prueba en una causa judicial, Ramos Padilla recordó que durante la gestión anterior “se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia de Inteligencia en operaciones que se montó para hacer persecución política en el penal de Ezeiza”.
Allí el diputado López planteó que esas intervenciones telefónicas “estaban autorizados por un juez”, lo que el diputado Leopoldo Moreau (FDT) aclaró que “lo que fue ilegal fue la circulación de la transcripción de esas conversaciones”.
A diferencia de su colega Ramos, el magistrado federal platense consideró que “no es urgente” el archivo de una causa ni siquiera durante la feria judicial.
“Existe de cadena de favores en Comodoro Py en donde hay mucha gente que está comprometida y un juez resuelve una causa que le conviene y luego el otro y así se van archivando las causas”, argumentó el magistrado.
“Si no le ponemos un límite a esta relación entre los servicios inteligencia y el Poder Judicial, a este manejo de las escuchas, el abuso de autoridades, vamos a tener una república donde se van a perder los derechos individuales”, concluyó Alejo Ramos Padilla.
JxC denuncia irregularidades: “La comisión de juicio político puede producir inteligencia ilegal”
Tras abandonar la reunión de la comisión, los diputados de Juntos por el Cambio dieron una conferencia de prensa, en la que estuvo presente Conclusión, e indicaron: “Se está tratando de convertir a la comisión de Juicio Político en un organismo que produzca inteligencia ilegal, esto es peor que cualquier comisión que hayan conocido en la historia de Argentina, porque puede investigar a cualquier persona. Se dice que se investiga a los cuatro jueces de la Corte, pero se está produciendo prueba sobre una infinidad de personas y no sabemos qué alcance tiene y hasta dónde se quiere llegar”.
“Vamos a ver caso por caso cómo continúa este proceso. No podemos confiar en la palabra del Frente de Todos, porque hasta ahora lo único que ha hecho fue violar las garantías del debido proceso. Eventualmente alguno de nosotros puede llegar a entrar si nos preocupa que algún testigo pueda ser hostigado, pero no estamos tomando decisiones categóricas más allá de la denuncia, porque esto es día por día y proceso por proceso”, agregaron los diputados, al ser consultados sobre si volverán a participar de la reunión.
Tras denunciar “irregularidades” en el funcionamiento de la comisión, los legisladores apuntaron: “Queremos mostrar la ilegalidad de este proceso que ha iniciado el Frente de Todos durante las sesiones extraordinarias. Vamos a seguir controlándolo e intervendremos en caso de ser necesario, queremos advertir a la ciudadanía la enorme cantidad de violaciones que se están llevando adelante en este momento en la Cámara de Diputados, en esto que nada tiene que ver con un proceso reguilar de juicio político. Se pone en riesgo no solo a quienes son sometidos al juicio, sino a los testigos. Las medidas de prueba pueden caer sobre cualquier persona y son violatorias a los derechos humanos”.
Por otro lado, desde la oposición indicaron que el pedido de juicio político no forma parte de la agenda real del país. “Quieren transmitirle a la sociedad la sensación de que estamos frente a un Poder Judicial dudoso, que ha condenado a Cristina Fernández de Kirchner; y hablando de esto, no nos centramos en los verdaderos problemas del país, como la inflación o la pobreza”, apuntaron.
En tanto, convocaron a ONGs y referentes intelectuales del país a que ayuden a “proteger a los testigos” que sean llamados a declarar en la comisión de Juicio Político.
“No nos levantamos de la comisión, sino que de forma absolutamente categórica esta oposición no va a permitir que se coarte una sola libertad más en Argentina, ni que se vulnere el derecho de un solo ciudadano”, concluyeron los diputados en la conferencia.
Por su parte, y en diálogo con Conclusión, el diputado de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, Álvaro González, opinó: “Lo que entendemos es que la admisibilidad por parte de una mayoría circunstancial de 16 votos contra 15, le ha entregado al Frente de Todos una serie de herramientas que a nuestro juicio lo llevan a cometer una serie de arbitrariedades y nulidades, otorgándole atribuciones que la comisión no tiene”.
“Si las pruebas son nulas, es difícil poder llegar a la conclusión de que hubo un mal desempeño. No podemos investigar el mal desempeño utilizando el mal desempeño. Hay arbitrariedades, las hemos sentado mediante un escrito, que puede ser usado como fundamento por quienes sientan que la comisión está avasallando sus derechos”, concluyó el diputado.
