Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en su cuarta jornada de reuniones, un cronograma para la citación de testigos en el procedimiento que tramita contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, tras un debate que se extendió por más de tres horas.
La decisión se adoptó con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición. La reunión de la comisión -que es presidida por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard- comenzó a las 11 de este jueves, y tuvo lugar en la sala 1 del Anexo de la Cámara baja.
En el encuentro también se dio inicio a la apertura del sumario para acumular pruebas que sostengan la acusación contra los jueces y la ampliación de pedidos de pruebas.
En la reunión de comisión, el diputado de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel López, opinó: “Deberíamos tener una etapa de admisibilidad de la prueba y una discusión de los alcances de nuestras facultades para producirla. Si se quieren remitir a los antecedentes, no van a encontrarlos en el Congreso de la Nación. Está en juego un proceso que va a tener eventualmente una sanción, que es destituir a los jueces de la Corte Suprema”.
“Tenemos que cuidar la legalidad del proceso porque no vamos a resolver problemas constitucionales sobre la admisibilidad o no de prueba, y tampoco incorporando más violaciones a las garantías constitucionales, como citar personas que pueden terminar declarando en su contra. Subsanar una ilegalidad con otra ilegalidad va a ser duro, en cualquier caso”, agregó el legislador.
Por último, López se dirigió a la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, a quien le pidió que “garantice la inmediatez de la prueba”. En este sentido, el diputado añadió: “Me gustaría solicitar que tengamos una duración aproximada del momento para ofrecer y solicitar prueba”.
El legislador de la Coalición Cívica también cuestionó que, a la hora de citar testigos, se consideren como prueba las llamadas telefónicas o mensajes por diferentes redes y plataformas de comunicación. En este sentido, resonaron los chats que se filtraron meses atrás entre el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles –quien fue colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti- en los cuales se podía detectar cierto acuerdo entre las partes para lograr fallos a favor de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
Seguidamente, tomó la palabra el diputado bonaerense del Frente de Todos, Rodolfo Tahilade, quien volvió sobre este punto: “Que vengan Robles y D’Alessandro y que ellos digan si no pueden o no quieren declarar. Los testigos propuestos ya están aprobados cuando votamos los proyectos, por lo tanto no podemos reconsiderar lo que votamos en la reunión anterior, ya está votada y además la prueba está identificada”.
“El diputado López habla de la interceptación de conversaciones telefónicas, acá nadie está pidiendo la interceptación de nada, ni siquiera entrecruzamiento de llamadas, se está pidiendo el listado de llamados recibidos y enviados por Robles y D’Alessandro, sin su contenido”, completó Tahilade.
Además, explicó: “Vamos al 2016 con Robles, porque periodistas en aquella época contaron cómo se fue construyendo el fallo del 2×1 y en todas esas crónicas aparece Silvio Robles como articulador de esos intereses, también aparece hablando con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el actual senador José Torello. Todas esas pruebas dan cuenta que Torello y Pepín fueron los negociadores por parte del Ejecutivo de este fallo, entonces se justifica saber con quién hablaba D’Alessandro después de que se haya comunicado con Robles. ¿Por qué no podemos pedir las llamadas entrantes y salientes de Robles? No estamos buscando el contenido de los llamados, para eso sí se necesita la intervención de un juez”.
A su turno, el legislador del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, apuntó: “Hay que poner mucho énfasis en garantizar los derechos de los ciudadanos. Estamos frente a la posibilidad de que se hayan dictado sentencias arbitrarias y de que se hayan cometido hechos ilícitos, y no solo como comisión, sino también como funcionarios públicos, tenemos la obligación de denunciarlos en la sede que corresponde o en el ejercicio de nuestras funciones. En este caso el espacio es la comisión de Juicio Político, donde debemos extremar las medidas que sean necesarias para esclarecer la existencia o no de esos ilícitos”.
“No es una comisión para discutir literatura, es una comisión para investigar y llegar a la verdad de los hechos. Además, hay una contradicción; por un lado, los diputados han sostenido que la causa que está vinculada a los chats está archivada, si es así, ¿por qué no puede venir D’Alessandro?”, inquirió el legislador.
Ante esta expresión, otros diputados le respondieron que el funcionario porteño “no está sobreseído” en la causa que investiga un presunto viaje a Bariloche, donde D’Alessandro se habría reunido con jueces de la Corte Suprema y directivos del Grupo Clarín. Tras la respuesta, Moreau apuntó: “Ustedes saben de antemano que no va a venir”.
En su intervención, el diputado del bloque Identidad Bonaerense, Alejandro “Topo” Rodríguez, señaló: “Pongo a consideración de la Presidencia la pregunta sobre si estamos en condiciones y a tiempo de convocar en esta comisión a testigos que no hayan sido invitados. Quiero recordar el motivo por el cual se ha iniciado la labor de esta comisión, que es una decisión presidencial”.
Y completó: “La decisión tuvo su correlato en la elaboración y la firma de un planteo por escrito, no de todos los gobernadores como quería el presidente, sino solo de algunos, y no firmaron varios mandatarios de provincias gobernadas por el Frente de Todos. Luego hubo una terca acción conducente a que nosotros iniciemos la tarea de la comisión, que fue la instrucción del presidente a diputados del Frente de Todos a los que presentó el documento para orientar el inicio del juicio político, razón por la cual no veo motivo para no empezar la lista de testigos con el presidente de la Nación. No solo sería importante por su rol fundamental, sino por la información que maneja por su carácter institucional”.
A continuación, tomó la palabra la diputada de la Coalición Cívica, Mariana Stilman, quien observó: “No debemos ser imparciales, pero sí objetivos. De ahí la preocupación que expresaron los diputados que me precedieron, en cuanto al cuidado que debemos tener para no avalar ningún tipo de ilegalidad durante el proceso. Esto tiene todo el carácter de una colección de prueba, y tiene que regirse por los principios acusatorios, así lo manda la Constitución Nacional”.
“Es fundamental respetar las garantías, prevenir planteos de nulidad, leerle a cada testigo las consecuencias y obligaciones que tienen, y tutelar la inmediatez de la producción de la prueba para que todos los diputados que vayan a dictaminar puedan controlar las pruebas. Falta un proceso de admisibilidad de la prueba y de análisis de cada una de ella, hay un montón de medidas solicitadas que no tienen fundamento respecto de su procedencia y el objetivo de esos testigos. Eso tiene que ser analizado en cada caso particular”, agregó.
Finalmente, y en diálogo con Conclusión, el diputado chaqueño por el Frente de Todos, Juan Manuel Pedrini, indicó: “Esta reunión de comisión deja un saldo positivo porque ya comenzamos a organizar la producción de las pruebas que fueron ofrecidas en las distintas denuncias. Para la próxima sesión quedó acordado un listado de personas, la gran mayoría pertenecientes a la burocracia judicial, que van a estar presentes para brindar testimonio. A partir de ahora los principales actores de este juicio van a dejar de ser los diputados y van a pasar a ser las personas cuyos testimonios fueron ofrecidos como prueba por distintos denunciantes”.
Consultado por el rol de Juntos por el Cambio, Pedrini sostuvo: “La oposición está tratando por todos los medios de que la comisión no siga adelante, pero llega un punto en que esta comisión tiene que abandonar la discusión permanente y lograr una síntesis, que se resuelve a través de votación”.
Tras la reunión de comisión, el diputado oficialista Eduardo Valdés indicó: “Se ha conformado una lista de testigos, que van desde el secretario de Estado de la Corte Suprema de Justicia, a jueces federales como el doctor Ramos Padilla”.
Paso a paso: qué hizo la comisión hasta el momento
El pasado jueves el Frente de Todos consiguió aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema.
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En esa jornada, el oficialismo sumó 16 votos para avanzar en la denuncia contra los jueces, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones, mientras Juntos por el Cambio y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.
En ese marco, la Coalición Cívica aclaró que estaba de acuerdo con el juicio político a Lorenzetti –a quien denunció a través de un proyecto propio– aunque debió confluir en el dictamen general de rechazo.
El proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.
En caso afirmativo, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta).
De todos modos, el dictamen de la comisión tiene tres años de validez, por lo que el oficialismo evalúa tenerlo en reserva a la espera de un escenario de correlación de fuerzas favorable.
