La Presidenta de la Comisión de Educación destacó el acompañamiento mayoritario a la iniciativa enviada por el Gobierno nacional, que dispone el aumento progresivo de la inversión educativa, hasta llegar como mínimo a una participación del 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “La educación es un bien público y un derecho, el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar su acceso y pleno ejercicio”, afirmó Osuna.
“Llegamos a este texto con consenso mayoritario y a la firma del dictamen, luego de encuentros que abarcaron la presentación del proyecto del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y su equipo, como también la participación de ministras/os provinciales, rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, autoridades actuales y electas de distintos distritos, la Federación Universitaria Argentina, la Mesa Federal y la Red Nacional de Centros de Estudiantes, sindicatos, organizaciones de educación, confederaciones, especialistas, directivos, fundaciones y cooperadoras”, detalló la Diputada nacional sobre la cuarta reunión de Comisión para el abordaje de este tema.
“Este proyecto modifica la proporción de la inversión educativa, estableciendo un 60% del financiamiento a cargo del Estado Nacional y un 40% de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, precisó. “El objetivo es avanzar en un 8% como mínimo del financiamiento, destinando un 6,5% para la cobertura de la educación de 45 días a tres años, la educación obligatoria y los institutos de educación superior, y un 1,5% para las instituciones de la educación universitaria”, profundizó Osuna sobre el dictamen que mañana será debatido en la comisión de Presupuesto y Hacienda.
“En un contexto eleccionario, donde el pueblo argentino tiene la decisión sobre el modelo de país y el rol del Estado, estamos dando un paso significativo para garantizar un mínimo de 14 años de educación obligatoria; erradicar el analfabetismo; fijar un ciclo lectivo anual de 190 días para la educación inicial, primaria y secundaria; aumentar la inversión en políticas de cuidado y la inclusión desde los 45 días a los tres años; fomentar la creación de jardines maternales; reforzar los materiales para la comprensión de la lectura y la escritura al final del primer ciclo de primaria; destinar recursos necesarios para la ejecución de políticas de transformación curricular del nivel secundario que adecuen los contenidos a los desafíos actuales que enfrentan las generaciones jóvenes; incorporar nuevos contenidos acorde a los avances del conocimiento y tecnológico tales como robótica y programación como asignaturas obligatorias en la secundaria; elevar la inversión destinada a becas de estudio, de permanencia y de terminalidad educativa; duplicar la matrícula de la Educación Técnico Profesional (ETP); fortalecer la formación profesional y docente; asegurar la inclusión educativa de niños, niñas y jóvenes con discapacidades; e incorporar espacios curriculares relacionados con el mundo del trabajo mediante prácticas formativas, pasantías, tutorías y proyectos didácticos”, enumeró.
“Defender la educación pública y gratuita requiere de herramientas como ésta para una sociedad con más derechos, con más niños y adolescentes en las escuelas, con más primeras generaciones universitarias en las familias argentinas y con un Estado que acompaña e invierte para su realidad efectiva y concreta”, finalizó.
