Este lunes se sabrá si la Corte Suprema de los Estados Unidos acepta tomar la causa que el fondo Burford Capital mantiene contra la Argentina por el modo en que se reestatizó YPF en 2012. De hacerlo, se sumaría al listado de juicios que estarán bajo análisis en el futuro cercano, caso contrario, la resolución debe volver al tribunal de Loretta Preska (quien reemplazó a Thomas Griesa) en Nueva York.
Los análisis previos, así como la lógica precedente en causas similares, indica un desenlace negativo para el país, es decir que se confirmen los fallos de primera y segunda instancia y la causa deba seguir tramitándose en suelo norteamericano y no argentino, como pretende el Estado.
Así, la causa se quedaría en Estados Unidos con lo que probablemente se termine obligando a Argentina a pagar lo que la jueza Preska defina, que podría rondar los 3.000 millones de dólares, una cifra nada desdeñable, sobre todo en tiempos de escasez de dólares (¿cuándo no?) y aumento de las obligaciones en moneda extranjera (deuda).
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El Ejecutivo estadounidense había generado esta situación al recomendar en mayo pasado a la Corte de ese país que el trámite judicial prosiga en tribunales norteamericanos, en contra de la posición argentina.
El procurador general de los Estados Unidos, Noel Francisco, también presentó su opinión formal ante la Corte y, si bien la recomendación no es vinculante, es un precedente adverso al pedido del gobierno de Mauricio Macri, que esperaba un gesto de la administración de Donald Trump, clave en la flexibilidad del Fondo Monetario Internacional para aprobar un préstamo récord en medio de la crisis cambiaria de 2018.
La causa contra Argentina fue iniciada en 2015 por el fondo Burford, tras haberle comprado los derechos del juicio a la justicia española.
