La Legislatura de Santa Fe aprobó este jueves dos proyectos claves solicitados por el recién asumido gobernador Maximiliano Pullaro. En un trámite expres, las cámaras de Senadores y Diputados dieron luz verde a la adhesión a la Ley Nacional de Narcomenudeo, una vieja obsesión del mandatario desde su época como ministro de Seguridad y la la ley de Emergencia en Seguridad Pública, entre otras normas que se dieron en tratamiento «express». También se aprobó la reforma al Servicio Penitenciario y la regualción de gastos reservados para investigaciones.

Lo aprobado este jueves por ambas cámaras está incluido en un paquete que incluía 11 proyectos que el Ejecutivo de la provincia presentó el pasado miércoles y que ingresó rápidamente para ser tratado en ambas cámaras. En primera instancia pasó por el Senado y se aprobó definitivamente en la Cámara Baja, donde obtuvo tres votos negativos, del bloque del Frente Social y Popular, emitidos por Carlos del Frade, Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver, y  cuatro abstenciones de Verónica Baró Graf, Lucila de Ponti, Alejandra Rodenas y Miguel Rabbia.

La adhesión a la desfederalización del narcomenudeo, como es conocida la ley nacional N°26.052 habilita a la justicia provincial y las fuerzas de seguridad a investigar y desmantelar puntos de ventas de drogas y organizaciones que comercian en pequeñas cantidades.

Es una iniciativa por la que brega el ahora gobernador Pullaro desde hace años y que tiene aristas que son profundamente criticadas por especialistas en el tema y en Justicia Penal, sobre todo, porque en las provincias en las que ya se aplica no modificó las condiciones reales del tráfico de estupefacientes, y sólo va tras la persecución de lo que se llama, habitualmente, la «mano de obra descartable», es decir, los más vulnerables, sin generar ningún perjuicio a las organizaciones de narcotraficantes y profundizando, además, la corrupción policial y judicial.

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Otro de los proyectos aprobados este jueves es la ley orgánica del Servicio Penitenciario y la regulación de gastos reservados para investigaciones criminales complejas, que ya había sido aprobada en 2019 y vetada luego por ex gobernador Omar Perotti vetó. Con este ley se busca eliminar la figura de los gastos que no se rinden y obliga a documentar todos los gastos que se realicen con fondos del tesoro provincial.