Hace algunas semanas, el Concejo Municipal de Rosario aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza de los concejales Osvaldo Miatello y Pedro Salinas, por el cual se prohíbe el uso del glifosato dentro del ejido urbano de la ciudad.
La medida causó malestar en distintas entidades rurales criticaron la medida por considerarla «sin fundamentos científicos» y fue el propio presidente de Aapresid, Pedro Vigneau, quien expresó su malestar por la ordenanza. Incluso, el dirigente del sector agrario confirmó al diario La Nación que él mismo envió un mensaje directo a la intendenta Mónica Fein, para pedirle que vete la ordenanza.
Esta situación, puso en alerta a todo el bloque de Ciudad Futura, quienes pidieron “que la intendenta no ceda a las presiones del lobby de las multinacionales”. “Sería muy grave para la calidad democrática que se vete un proyecto votado por unanimidad a causa del obsceno y público lobby sojero de las empresas”, expresó Salinas a Conclusión.
“No sé qué posibilidades hay de que se pueda llegar a vetar. Lo que sí, sería un escenario extraño y no recuerdo antecedentes del veto de una norma aprobada hasta por sus propios legisladores”, agregó.
En tal sentido, el edil negó que haya entablado algún tipo de diálogo con el Ejecutivo municipal para clarificar la situación, y puso de relieve que lo que se juegan son “dos modelos de ciudad bien definidos. Lo público y los andamiajes estatales por un lado, o que prevalezca el ámbito privado”.
“Lo que está en juego es la salud y la vida, o maximizar la rentabilidad de un pequeño grupo. Fein es una persona vinculada a la salud y estudios científicos de todo el mundo evidenciaron que el glifosato es carcinógeno”, concluyó.
Comunicado de la Multisectorial Paren de Fumigarnos
Prácticamente con la misma furia que la Embajada de EEUU, en el año 2009, atacaba los hallazgos del ex titular del Conicet, el científico Andrés Carrasco (1) sobre los efectos teratogénicos y potencialmente mortales de los herbicidas a base de glifosato, la cofradía del agronegocio sale al cruce de la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario que prohíbe el uso del cancerígeno herbicida priorizando la salud y la preservación del ambiente, en línea con lo establecido por nuestra Constitución Nacional y las leyes que de la misma derivan.(2)
En ese mismo año daba inicio el conocido «Juicio San Jorge» en el marco del cual la Universidad Nacional del Litoral, con el concurso de 21 especialistas, dejaba asentado que «Ningún agroquímico es inocuo» (3) sepultando las temerarias palabras del reciente asumido Ministro de Agroindustria.(4)
Poco cabe agregar sobre manifestaciones de voceros del conglomerado empresarial quienes eluden olímpicamente profundizar el abordaje sanitario para centrarse en los supuestos beneficios económicos de la subsidiada «cadena de las soja» y en el mejor de los casos plantean canjear salud por «divisas». No otra cosa se infiere de sus recurrentes apelaciones a ecuaciones y porcentajes cuando hablamos de salud, insinuando la necesidad de un macabro «balance» entre afectados y beneficios económicos presuntos. ¿Cuál sería la medida común entre salud y dinero que permita encontrar un «término medio»?(5)
La orfandad de precisiones técnicas y científicas es lo que ha caracterizado a estos grupos de presión quienes basan su acción, precisamente, en su capacidad de «gestionar» en despachos públicos, con más éxitos que fracasos, debemos admitir, para desgracia de la mayoría.
En el año 2015 el máximo Organismo Mundial de la Salud clasificó oficialmente al glifosato como probable cancerígeno humano y Rosario cuenta con un importante cordón fruti-hortícola periurbano adónde han ido a parar algunos de los miles de expulsados por el modelo de agricultura tóxica que vació nuestros campos de agricultores. Parece absurdo tener que recordar la cercanía de esas personas al peligroso campo en cuyas reducidas franjas, además, cultivan alimento prescindiendo de insumos químicos.
Hoy mismo se profundizan las grietas de la Unión Europea entre representantes y representados debido a su re-autorización tan solo por 5 años(6) -con restricciones- que perfila un final no muy diferente al del igualmente «inocuo» insecticida Endosulfán que acompañó al Glilfosato desde 1996 hasta su total prohibición en nuestro país en el año 2013 debido a su extrema peligrosidad. Pero los muertos, muertos están.
Lo que hoy vemos en este tipo de expresiones más que aportes a un supuesto diálogo -que jamás proponen a la hora de aprobar eventos transgénicos, nuevos formulados químicos o emprendimientos empresariales contaminantes- se parecen demasiado a pases de factura hacia quienes consideran sus pares, asiduos concurrentes a los eventos de propaganda organizados por el «looby» del agronegocio, ciertamente un dato de la realidad que debería hacer reflexionar a agrupaciones políticas que reivindican una base social popular, acerca de la conveniencia de «alianzas estratégicas» que a la larga resultan tan costosas como pactar con el diablo.
Aun menguado seguimos viviendo en un estado de derecho, sin embargo se encienden alertas cuando hay que buscar con lupa la expresión «Constitución Nacional» en tantas declaraciones y comunicados corporativos.
Los concejales representan a la población del municipio y cada voto vale uno, sea que pertenezca a un completo desposeído o a un rico terrateniente. La representación sectorial o corporativa no integra el modelo legal dispuesto por nuestra Carta Magna, en consecuencia, si la ciudadanía de Rosario decidió, a través de su representación legal, proteger a su población -y a ellos mismos- del peligroso glifosato, nadie que se diga democrático tiene legitimidad para negarle ese derecho.
El Concejo Municipal aprobó la prohibición del glifosato en la ciudad
