El presidente Mauricio Macri declaró hoy por decreto la «Emergencia Nacional en Seguridad Pública» por el lapso de un año, con el objetivo de poner límite a la «situación de peligro colectivo» que advierte se generó a
partir de la proliferación del delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico.
De acuerdo a la resolución, que al término del plazo de un año podría ser prorrogada, contempla el refuerzo de los controles en el espacio aéreo para combatir el narcotráfico, para lo cual se permite «hacer uso de la fuerza (como último recurso)» contra aeronaves no identificadas.
Además, autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que «no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias».
El decreto especifica delitos tales como producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes(Ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código Penal) o con una asociación ilícita terrorista (artículo 41 quinquies del mismo Código).
Del mismo modo los relativos a las asociaciones ilícitas (artículo 210), organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5°) y contra la Administración Pública (todos del Código Penal).
Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil (artículos 125, 125 bis y 128), de financiación del terrorismo (artículo 306) y de extorsión (artículo 168, todos del Código Penal), los previstos en la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) y de trata de personas (Ley 26.364).
A partir de la norma, se crea el “Operativo Fronteras”, que reemplaza al “Escudo Norte” con carácter permanente, y se adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el “eficiente control” fronterizo.
También dispone el levantamiento del Secreto Militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014.
El Gobierno deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos.
También concede la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.
