La AGN auditará la Hidrovía y la prórroga de Aeropuertos Argentina: investigan contratos millonarios del Gobierno
El organismo de control incluyó en su plan de acción 2027 la revisión de la licitación de la Vía Navegable Troncal y de la extensión anticipada hasta 2056 de la concesión de 35 aeropuertos al grupo de Eduardo y Martín Eurnekian. Ambos procedimientos acumulan cuestionamientos por presuntas irregularidades, falta de transparencia y decisiones administrativas bajo reserva.
La Auditoría General de la Nación (AGN) avanzará sobre dos de los contratos más sensibles para el gobierno de Javier Milei, que es la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y la prórroga anticipada de Aeropuertos Argentina hasta 2056. El organismo incorporó ambas investigaciones a su Programa de Acción Anual 2027, a instancias de su titular, Juan Manuel Olmos. Las revisiones apuntan a procedimientos que acumularon denuncias y cuestionamientos políticos, administrativos y judiciales. En particular, se examinará la licitación de la Vía Navegable Troncal y sobre las tres actas reservadas del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) que intervinieron en la extensión de la concesión aeroportuaria, la decisión ya cuenta con el aval del Colegio de Auditores y deberá ser convalidada por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. Además,las auditorías se suman a las observaciones por las operaciones con oro del Banco Central, que habrían generado pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares.
Hidrovía
Una de las licitaciones que se encuentra bajo sospecha y acumula cuestionamientos por falta de transparencia es la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los expedientes que genera mayor controversia. El proceso quedó en manos de la alianza Vía Navegable Argentina (VNA), integrada por la empresa belga Jan De Nul y la firma local Servimagnus, pero recibió críticas por los criterios de evaluación, las condiciones de competencia y el desarrollo del procedimiento.
Uno de los antecedentes más relevantes es el informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, que advirtió sobre una presunta vulneración del principio de transparencia. Según sus observaciones, la falta de parámetros objetivos para evaluar las ofertas técnicas habría otorgado a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo.
A estos cuestionamientos se sumaron las presentaciones de empresas competidoras, entre ellas la brasileña DTA Engenharia y un consorcio vinculado a intereses estadounidenses, integrado por KKR, GLDD y DEME. Los planteos apuntaron a presuntas irregularidades en el desarrollo del concurso y a las condiciones establecidas para la adjudicación.
El conflicto también adquirió una dimensión geopolítica. Desde Estados Unidos surgieron advertencias por supuestos contactos informales entre funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y representantes diplomáticos de China, pese a que los pliegos contemplaban restricciones para la participación de empresas estatales extranjeras.
En este contexto, la auditoría de la AGN buscará reconstruir el proceso licitatorio, examinar los criterios utilizados para calificar las propuestas y determinar si las decisiones administrativas se ajustaron a los principios de transparencia, competencia e igualdad entre los oferentes.
Aeropuertos Argentina
El segundo expediente apunta directamente al grupo empresario de Eduardo y Martín Eurnekian, que controla Aeropuertos Argentina y obtuvo una extensión anticipada de la concesión de 35 terminales aéreas del país hasta 2056.
El acuerdo fue aprobado cuando todavía restaban doce años de vigencia del contrato original. De esta manera, el Estado extendió por adelantado la operación de los aeropuertos, una decisión que ahora será examinada por el organismo de control para determinar las condiciones económicas, administrativas y regulatorias que hicieron posible la modificación.
Uno de los puntos centrales de la investigación será el trámite de tres actas reservadas del ORSNA, elaboradas entre septiembre de 2025 y junio de 2026. Esos documentos fueron parte del procedimiento que permitió avanzar con la readecuación contractual y generaron cuestionamientos por la falta de publicidad de las actuaciones.
La primera de las actas fue firmada por el entonces titular del organismo, Facundo Leal, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibahian. Leal posteriormente quedó involucrado en una causa judicial por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en cuyo marco fue detenido.
Tras su salida, la conducción del ORSNA quedó en manos de Noelia Ruiz, quien continuó con las actuaciones vinculadas a la extensión contractual. Entre los aspectos cuestionados figura la negociación de las condiciones económicas del acuerdo y la tasa de retorno reconocida al operador privado.
El procedimiento también llegó al Congreso a través de las denuncias del diputado Maximiliano Ferraro, quien cuestionó la falta de transparencia y el alcance de los beneficios otorgados a la empresa. Además, el legislador denunció haber recibido amenazas luego de exponer sus objeciones al acuerdo.
La AGN deberá analizar ahora la legalidad de las actuaciones, la intervención de los organismos reguladores y las condiciones bajo las cuales se concedió una extensión de semejante magnitud sin abrir un nuevo proceso licitatorio.
En este contexto, las nuevas auditorías se suman a otro expediente que también genera preocupación en el Gobierno, entre ellas, las operaciones del Banco Central con lingotes de oro enviados al exterior y las transacciones con derivados financieros.
Un informe de la AGN señaló pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares vinculadas con esas operaciones, realizadas durante la conducción de Santiago Bausili. El organismo también pidió explicaciones sobre los movimientos de las reservas y el destino de los lingotes transferidos fuera del país.
El vencimiento de los plazos legales para que la autoridad monetaria responda sobre esas operaciones agrega presión sobre el frente de control. En ese contexto, se espera que la AGN avance con un dictamen crítico antes de fin de año.
Asimismo, el organismo amplía su agenda de fiscalización sobre decisiones económicas estratégicas de la administración libertaria. La Hidrovía, la concesión aeroportuaria y las operaciones con oro del Banco Central conforman tres expedientes de fuerte impacto económico e institucional que podrían profundizar los cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados por el Ejecutivo.