Polémica por el envío de tropas argentinas a Panamá sin autorización previa del Congreso
Javier Milei autorizó mediante un DNU la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas en el ejercicio multinacional PANAMAX 2026, organizado bajo el mando de Estados Unidos. La decisión generó críticas de la oposición, que cuestiona la falta de aval legislativo.
El Gobierno nacional quedó envuelto en una nueva polémica luego de que el presidente Javier Milei autorizara, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 650/2026, el envío de personal y medios de las Fuerzas Armadas a Panamá para participar del ejercicio militar multinacional PANAMAX 2026, sin contar con una autorización previa del Congreso de la Nación. La medida abrió un debate político y jurídico sobre el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo en materia de defensa.
El DNU 650/2026, publicado en el Boletín Oficial con fecha del 23 de julio, habilita la salida del territorio nacional de efectivos argentinos para participar del ejercicio PANAMAX 2026, que se desarrollará entre el 27 de julio y el 15 de agosto en Panamá bajo la coordinación del Comando Sur de Estados Unidos.
DNU 650/2026 by Conclusión Diario Digital
En el artículo 1°, el decreto autoriza la participación de «medios y personal de fuerzas nacionales» en el operativo y establece que los gastos serán afrontados con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Según el texto oficial, PANAMAX 2026 recrea un escenario ficticio en el que una fuerza multinacional interviene para responder a una amenaza contra el Canal de Panamá, una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo. El ejercicio contempla operaciones conjuntas bajo la hipótesis de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que habilita una respuesta militar internacional.
La decisión del Ejecutivo despertó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, que sostienen que el despliegue de tropas argentinas en este tipo de ejercicios internacionales requiere autorización previa del Congreso, tal como prevé el procedimiento establecido para la salida de fuerzas militares del país. En ese sentido, advirtieron que el uso de un DNU para habilitar la participación podría entrar en conflicto con las atribuciones del Poder Legislativo.
El episodio volvió a poner en el centro del debate los límites de las facultades presidenciales en materia de defensa y política exterior, en un contexto de mayor alineamiento del Gobierno argentino con la estrategia regional impulsada por Estados Unidos. Mientras el oficialismo defiende la decisión como una medida operativa vinculada a la cooperación internacional en materia de seguridad, la oposición reclama explicaciones sobre la utilización de un decreto para evitar el tratamiento parlamentario.