Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos cuestionaron una posible reforma de las normas migratorias por decreto y advirtieron que la norma que plantea el gobierno «reinstaura el criterio que había establecido la última dictadura» para el acceso a la ciudadanía argentina.
«Si el gobierno decide avanzar con esta reforma eludiendo nuevamente el Congreso estará dando señales graves: restringirá derechos humanos sin ningún control parlamentario y establecerá una política migratoria contraria a los compromisos internacionales asumidos», advirtieron en un comunicado.
De esta forma, participaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref), la Red de Migrantes y Refugiados en la Argentina, la Red Nacional de Líderes Migrantes y Otrans Argentina.
«El gobierno nacional modificará las leyes de migraciones 25.871 y de nacionalidad 346 por medio de un decreto de necesidad y urgencia. El proyecto de DNU al que accedimos cambia el paradigma de la ley actual: amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión», señalaron.
En este sentido, advirtieron que «la propuesta también busca cambiar el acceso a la nacionalidad argentina: en lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es legal .
«De esta manera reinstaura el criterio que había establecido la última dictadura cívico-militar y que fue modificado por el gobierno de Raúl Alfonsín», agregaron.
Para las organizaciones no gubernamentales, «el texto es una regresión para los derechos de las personas migrantes» y «su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley».
«La personas migrantes pobres estarán expuestas a una mayor fragilidad: trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal», remarcaron.
«Los jueces y fiscales tendrán la obligación de notificarle a la Dirección Nacional de Migraciones de la existencia de causas penales en las que se identifique como responsable a un migrante, lo que desatará el inicio del trámite de expulsión o la revisión de las residencias ya otorgadas. Con el solo procesamiento firme por cualquier delito que prevea pena privativa de libertad podrá ser expulsado del país, con escasas posibilidades de defenderse en el trámite migratorio», subrayó.
