Pese a contar con los votos, el Gobierno postergará el tratamiento del financiamiento universitario
El plan inicial era incluir la iniciativa en el decreto que se publicará este miércoles con motivo de extender las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. Sin embargo, y aún contando con una base de 130 respaldo entre legisladores propios y aliados, moverían el debate a marzo.
A pesar de contar con los votos -al menos según sus propios cálculos-, el Gobierno postergará el tratamiento de la nueva Ley de Financiamiento Universitario, por medio de la cual pretende actualizar los cálculos, pero no derogar a la vigente, sancionada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada nuevamente por el Congreso.
El plan inicial era incluir la iniciativa en el decreto que se publicará este miércoles con motivo de extender las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. Sin embargo, y aún contando con una base de 130 respaldo entre legisladores propios y aliados, moverían el debate a marzo.
«No dan los tiempos para votarla. Vamos a conformar la comisión», aseguraron fuentes cercanas a la Casa Rosada. La principal modificación que busca introducir La Libertad Avanza es un cambio en el modo de actualización y financiamiento.
A priori, pretende reemplazar el mecanismo de indexación automática por inflación por aumentos escalonados y cláusulas de revisión. A su vez, se ofrecería una suba del 20% en términos de gastos de crédito destinados a gastos de funcionamiento con respecto a lo utilizado en 2025.
Por otro lado, el Gobierno continúa la batalla judicial por la implementación de la ley sancionada en 2024, que motivó masivas movilizaciones hace más de un año, y por la cual sufrió un duro revés en 2025 cuando el Congreso ratificó la iniciativa tras el veto de Milei.
El jueves, el Ejecutivo apeló por la vía de la Procuración del Tesoro ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la medida cautelar que lo obligaba a aplicar el proyecto por el cual debe actualizar los salarios y las partidas presupuestarias.
El recurso había sido dictado el pasado diciembre por el juez federal Enrique Cormick ante la presentación de un amparo por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el respaldo de más de 40 universidades públicas.